A juicio dos profesores acusados tras la muerte de un niño ahogado en Baños de Popea


Los docentes están acusados de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de Juan David, un niño de unos 13 años

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Zona de baños de Popea./Foto: LVC
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Zona de baños de Popea./Foto: LVC

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba prevé celebrar desde el día 1 de junio el juicio a dos profesores acusados de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de Juan David, un niño de unos 13 años ahogado en los Baños de Popea durante una excursión de un instituto en mayo de 2018. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, en octubre de 2017 se aprobó por el Consejo Escolar del IES la programación anual de actividades extraescolares previstas para el curso, entre las que estaba la actividad ‘Villares-Baños de Popea-espeleología’ para los alumnos de 2º de ESO a realizar en el mes de mayo.

Dicha actividad precisaba de autorización paterna, en la que se informaba a los padres de los pormenores de la misma, para prestar el consentimiento a que sus hijos participaran. Así, los menores saldrían a las 8:30 horas en autobús hacia Los Villares, donde realizarían una actividad de orientación con brújula y mapa, además de juegos.

La segunda actividad comenzaría sobre las 16:00 horas y consistía en una visita a cuevas naturales, para lo que los menores irían equipados con el material adecuado para realizar la espeleología programada en el interior de dichas cuevas, acompañados de guías contratados de una empresa. Todo se iba a realizar con 71 niños distribuidos entre los días 28 y 29 de mayo de 2018.

Así, una vez realizada la actividad con 36 niños el 28, al día siguiente un total de 35 menores del IES se desplazaron hacia Los Villares para la primera referida actividad, acompañados por los dos profesores, tras lo cual, entre las 14:00 y 14:30 horas, un autobús los llevó a un camino que conecta los Arenales con Trasierra y desde allí estuvieron andando unos 300 metros hasta llegar a la Cueva de Fato.

En la zona estaban esperando los monitores de la empresa de aventuras para realizar la actividad de espeleología, quienes les entregaron el material para ello y de allí bajaron por un sendero empinado y abrupto hasta la orilla del río, junto a la cueva. Los cinco monitores ayudaron a colocar a los menores la equipación, a la vez que los dividieron en dos grupos.

Así, sobre las 14:45 y las 15:00 horas el primer grupo se dirigió al interior de la cueva, acompañados por el profesor procesado, entre otros monitores, mientras que el resto quedó bajo la supervisión de la profesora procesada en un remanso del río, a unos diez o 15 metros de la salida de las cuevas.

Una vez realizada la espeleología con el primer grupo y como la salida de la cueva daba a río abierto, los menores tuvieron que nadar hasta acercarse a la orilla, donde estaba la profesora esperando. En concreto, unos monitores se colocaban a la salida de la cueva, indicando a cada alumno cómo debía salir y empezar a nadar, y otros detrás, para asegurarse que todos los niños llegaban a la orilla sin problema, entre ellos Juan David.

Entre las 17:15 y las 17:30 horas terminaron la actividad y alcanzaron todos la orilla, ayudando los monitores a los menores a despojarse del equipo para colocárselo al segundo grupo que empezaba la espeleología. En esta ocasión, los dos procesados permanecieron en la orilla de río Guadiato supervisando a los 17 menores que aprovechaban para “comer, jugar y bañarse”, según detalla el fiscal.

LOS HECHOS

Sobre las 18:00 horas, un grupo de alumnos, entre los que iba Juan David, “con conocimiento de los acusados”, se alejó de la orilla para nadar hacia unas cascadas existentes en el río, atravesando una poza de unos cinco metros de profundidad, “que entrañaba un riesgo para ellos, debido a que en esa zona no se hacía pie” y el citado menor “nadaba con poca destreza, circunstancia que los acusados debían conocer para garantizar su seguridad”, según expone el Ministerio Público.

Al respecto, apunta que “los acusados omitiendo las más elementales normas de cuidado a cuya observancia venían obligados, desatendieron la diligencia debida cuando los menores se bañaban en la zona peligrosa, sin advertirles del riesgo”, dado que, según el fiscal, “conocían la existencia de la poza”.

Además, precisa que “el procesado se dedicó a grabar la escena con el teléfono móvil, sin percatarse de la dificultad del menor al nadar y sin vigilancia alguna por parte de los dos profesores“. A consecuencia de ello, el niño “no consiguió mantenerse a flote, sumergiéndose en el río, cuya profundidad provocó la muerte del menor por sumersión”.

No obstante, los procesados, que desconocían lo ocurrido con el menor, “lejos de controlar la presencia de todos los niños, estuvieron al menos una hora sin percatarse de la ausencia del mismo, pues sobre las 19:00 horas comprobaron que no estaba entre sus compañeros”.

En este caso, la madre del menor, único progenitor reconocido, reclama lo que le corresponda “con arreglo a derecho”, mientras que la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta tenía concertada póliza de responsabilidad civil patrimonial con una entidad, cuyo ámbito de cobertura comprendía desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018.

DÍAS DE LUTO

En el dispositivo de búsqueda en la zona participaron patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, junto a efectivos de los Bomberos de Córdoba, la Policía Local y grupos de voluntarios.

Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía precisaron que el cuerpo sin vida de Juan David fue localizado pasadas las 0,00 horas del día 30 de mayo a tres metros de profundidad en una zona rocosa situada en una de las pozas del río.

Los forenses que practicaron la autopsia al menor de edad concluyeron que el fallecimiento se produjo por “ahogamiento”, según la información trasladada al Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, en funciones de guardia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Mientras, la familia de Juan David decidió repatriar su cuerpo al país en el que nació, Bolivia, para ser enterrado, después de lograr el dinero necesario para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Fuente Palmera, localidad cordobesa donde residía, y el AMPA del IES Colonial, en el que cursaba estudios. El citado pueblo vivió dos días de luto oficial.

Por su parte, el alcalde, Francisco Javier Ruiz, lamentó los hechos “bien por un despiste, bien por no valorar el peligro o por cualquier otra circunstancia”, a la vez que comentó que “era un niño bastante querido, afable y cariñoso, al igual que sus padres”.

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