La ocupación: de la exclusión social al modo de vida


Frente a los más necesitados y golpeados por la crisis, también los hay que en la ocupación acaban encontrando una manera de vivir

Los padres de Cristina tenían una pequeña promoción de tres viviendas en La Carlota. Habían conseguido vender dos pero con la tercera no tuvieron posibilidad de hacerlo: fue ocupada por una familia numerosa de Murcia que además se presentaron en la comandancia de la Guardia Civil para anunciar su propósito. Cristina en realidad responde a otro nombre pero nos ha pedido que mantengamos el anonimato. “Mis padres han pasado un auténtico calvario entre denuncias y abogados”. Estuvieron dos años en dicha vivienda. Hacían vida normal en La Carlota. A los dos años se presentaron de nuevo en la Comandancia para avisar que se marchaban. Los padres de Cristina estuvieron abonando luz, agua, hipoteca y contribución durante ese tiempo por una vivienda en propiedad que no pudieron habitar.

La ocupación de la vivienda de los padres de Cristina se produjo en 2016, y hasta 2018 no se modificó la ley 1/2000 de enjuiciamiento civil respecto a la ocupación ilegal de viviendas. Tal modificación pretendía poner coto a la facilidad para meterse en una vivienda ajena, por la vía civil. Rafael Reina es abogado y en El Coro de esta semana nos explicaba la diferencia que marcó la ley 5/2018: “Antes de esa modificación era más complejo echar a un okupa de una vivienda. Había que identificar a la persona, y cuando acudía el funcionario judicial al domicilio o no le abrían o no se querían identificar. Desde 2018 no es necesario, y al funcionario lo acompaña un policía, con lo que tienen que identificarse porque si no cometen un delito. Se daba el caso antes de ese año que cuando el juez ordenaba el lanzamiento aparecía una persona distinta, y con la modificación ese lanzamiento se produce esté quien esté allí”.

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La vivienda digna es un derecho fundamental, tanto como el de la propiedad privada. Las recientes crisis han venido a complicar el panorama, sobre todo la de 2008 con una profunda raíz inmobiliaria. Muchas familias conocían el desahucio al no poder hacer frente a sus hipotecas, lo que obligó a elaborar al Gobierno en 2012, previo decreto ley, un código de buenas prácticas al que las entidades financieras se acogen voluntariamente y renegociar nuevas condiciones que beneficien a ambas partes, para paliar la oleada de lanzamientos que se produjo en aquel momento. “Lo que ocurre es que muchas viviendas de las entidades financieras ahora están derivadas en fondos de inversión. El banco está acogido al código de buenas prácticas, pero se limpia las manos en lo que a su capital inmobiliario se refiere”, nos comenta Rafael Cidres, de ANFANE, que atiende diariamente a familias en situaciones precarias que se pueden ver, literalmente, en la calle. Pero frente a esa dolorosa realidad, Cidres reconoce también que ha habido un aumento del fenómeno de ocupación protagonizado por “gente particularmente joven, a los que no se le conoce una trayectoria laboral previa, no han sufrido un ERTE y tienen uno o  dos hijos”. Desde ANFANE se les remite directamente a Servicios Sociales “porque nosotros no asesoramos a ocupas”. Unos 40 en el pasado año en Córdoba capital, según Cidres. Matiza que todos habitan viviendas propiedad de entidades financieras “porque si fueran particulares denunciaríamos directamente”.

Pero no siempre se denuncia, de ahí lo difícil que resulta establecer un número exacto de ocupaciones si se atienden los datos del Ministerio del Interior. Los números de empresas privadas dedicadas a la seguridad como Grupo VPS o Desokupa son mucho más altos. Dani Esteve es el director gerente de Desokupa, empresa radicada en Barcelona pero que trabaja en todo el territorio nacional. “ Creo que se superan las 100 viviendas ocupadas al día en España. Yo tengo 5 líneas de teléfono totalmente colapsadas, unas 10.000 visitas diarias en la página web y en periodo de pandemia nuestra contratación subió un 600%”, declaró en el podcast El Coro esta semana.

Particularmente llamativo es uno de los servicios que presta Desokupa: a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esteve nos muestra un cesto lleno de distintivos policiales que le han dado como muestra de agradecimiento los diferentes policías. “La vía penal contempla dos tipos de delitos, el allanamiento y la usurpación. La diferencia es que la vivienda sea o no la morada habitual y si no lo es, el proceso es mucho más lento: ahí es donde se produce el fenómeno ‘okupa’, porque al ser un delito leve en este caso no se puede pedir como medida cautelar la expulsión. La lentitud del juzgado prolonga la situación”, señala el letrado Rafael Reina.  Por eso hasta la propia policía contrata servicios privados.

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Desde ANFANE Rafael Cidres apunta que “le hemos dicho a Servicios Sociales muchas veces que nosotros no podemos ayudar a un ocupa a pagar la luz, el agua y darle una ayuda de emergencia. Suele haber menores y a los niños hay que atenderlos, pero es que si actuamos así el ‘ocupa’ no se va de la vivienda”. De paso recuerda que aun están a la espera de las ayudas municipales aprobadas en 2020 y de las todavía no han visto un euro.

Si en ANFANE no atienden este tipo de casos, en Desokupa solo se hacen cargo de aquellos que, sobre todo, de manera organizada, se han ‘profesionalizado’ en la ocupación. “No aceptamos ocupaciones de pisos de bancos”, nos apunta Esteve. Una empresa que de manera gratuita atienden algunos casos sobre todo de personas mayores y  familias humildes que sufren la ocupación ilegal, y que no suelen ser foco de atención, curiosamente, de la mayoría  de los medios de comunicación que generalmente presentan solo la cara de exclusión social que también el asunto, por supuesto, tiene.

No parece que el problema de la vivienda vaya a mejorar en los próximos años. Esta crisis sanitaria y económica  aún no ha enseñado del todo los dientes. Habrá que ver cómo responden las administraciones y sobre todo aquellos que legislan a golpe de decreto amparados por el estado de alarma.