Todas las respuestas a lo que pasará cuando caiga el Estado de Alarma


El abogado pontanés, Rafael Reina, da las claves sobre si se podrá, o no, seguir aplicando restricciones

Andalucía coronavirus restricciones comunidades alarma
Un control de Policía./Foto: LVC
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Un control de Policía./Foto: LVC

Una vez que decaiga el Estado de Alarma, ¿las autonomías tienen base legal para implantar medidas como el toque de queda, cierres perimetrales, restricción de horarios, ect.? ¿El Comité Interterritorial tiene competencia para acordar esas medidas? ¿Habría una fórmula jurídica para implementarlas? Hay quien cuestiona que el decreto de Estado de Alarma tampoco es el mecanismo para imponer esas restricciones ¿Están en lo cierto?

Estas son algunas de las preguntas que se han planteado desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara esta semana que no se prorrogará el Estado de Alarma, más allá del 9 de mayo. Para resolverlas hablamos con el abogado pontanés, Rafael Reina, quien nos aporta luz sobre tan controvertidas cuestiones.

Distintos planteamientos

“Una misma ley puede tener diferentes interpretaciones. Eso da lugar a que exista jurisprudencia contradictoria sobre los mismos asuntos y que sea el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, al final, los que tengan que fijar doctrina por seguridad jurídica”, comienza el letrado. A lo que añade que “existen diferentes criterios: unos autores consideran que las comunidades autónomas no tienen competencias para restringir derechos fundamentales y otros, en cambio, consideran que podrían hacerlo en virtud de lo dispuesto  en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública”.

En ese sentido, Reina ha recordado que “a lo largo del último año, igualmente, han existido sentencias dictadas por los juzgados, donde unos rechazaban la posibilidad de limitar los derechos por parte de las comunidades autónomas y otros la confirmaban”. Por lo que, a juicio del jurista, “demuestra que es un asunto que jurídicamente no está claro”.

Asimismo, el letrado apunta que “los juzgados se limitan a aplicar la ley vigente y, en muchas resoluciones, han solicitado al legislativo que dicte leyes que aclaren la situación”.

Suspensión de derechos fundamentales

Otro de los aspectos en los que hace hincapié radica en que “en la Constitución Española la suspensión de los derechos fundamentales reviste dos formas, ambas contenidas en el artículo 55: el llamado derecho de excepción, a que dan lugar los llamados estados de alarma, excepción y de sitio y la suspensión individual de derechos”. Además, Reina indica que la Carta Magna “regula esta materia en sus artículos 55 y 116, que han sido desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y de sitio”.

“La diferencia entre ellos se encuentra, no tanto en la gravedad de la crisis que se pretenden abordar, como en la naturaleza de esta”, apunta el abogado. Esto para añadir que “el Estado de Alarma esta concebido como un instrumento de reacción frente a grandes catástrofes naturales y accidentales; el Estado de Excepción, esta pensado para hacer frente a graves alteraciones del orden público; y el Estado de Sitio pretende reaccionar frente a aquellas agresiones dirigidas directamente contra la existencia misma del Estado”.

Competencias

En cuanto al órgano encargado de aplicar la suspensión de derechos, Reina  subraya que “la declaración del Estado de Alarma corresponde al Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros”. Por lo que las “leyes autonómicas solo tienen vigencia dentro del territorio de las comunidad que las dicta”. De modo que, “dichas leyes solo podrán versar sobre aquellas materias en que los estatutos hayan asumido la potestad legislativa”.

La vía de escape

No obstante, el abogado desvela que “el artículo 150 de la Constitución Española, dispone que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar, por sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal”. Sin olvidar que, “igualmente, el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación”.

Complejidad

Reina concluye que se trata de “una materia compleja”. Y repone que “los tribunales tendrán que determinar, a posteriori, si las comunidades autónomas tienen potestad para limitar derechos fundamentales sin la existencia de un estado de alarma. Mi opinión personal es que dicha limitación de derechos fundamentales debe ser dictada por el Estado, en los supuestos previstos en la Constitución para limitar dichos derechos”.

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