El Ayuntamiento se resiste a devolver 178.600 euros a la Junta


Señala que estas partidas cabida dentro de la finalidad para la cual se concedió financiación, como son acciones de puesta en valor y conservación

Ayuntamiento
Covento de Regina. /Foto: LVC

La liquidación del anterior Plan Turístico de Grandes Ciudades puede traer cola. Hasta que no esté cerrado no se puede hablar del siguiente y, mientras tanto, ha surgido un conflicto, ya que el Ayuntamiento se niega a devolver a la Junta 178.600 euros que se le reclaman por unas obras que se hicieron en el convento de Regina.

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Covento de Regina. /Foto: LVC

La Junta de Gobierno Local ha aprobado recurrir ante el Gobierno andaluz recurrir esta decisión para que esta partida no se incluya en la de 500.000 euros que se tienen que devolver a la Junta por no haber finalizado las actuaciones contempladas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades dentro del plazo fijado.

El Ayuntamiento ya presentó las cuentas de lo gastado en el Plan Turístico y desde la Consejería de Turismo se señaló el pasado mes de febrero que hay una partida de 178.600 euros que no puede ser admitida, al entenderse que se trata de obras previas a través de contrataciones menores y que el trabajo principal no ha sido siquiera comenzado.

Desde el Ayuntamiento se argumenta que estos trabajos, que consistieron en instalaciones soterradas, realización de documentos técnicos o consolidación parcial de restos. Este era el paso previo para el inicio de la reforma del convento, que no se llegó a iniciar.

El Ayuntamiento se justifica

En un informe técnico se señala que las obras acometidas sirvieron para “la puesta en valor del inmueble, pues se realizan acciones de conservación específicas, trabajos y actuaciones que permiten conocer los valores que le son propios, incluyendo labores de limpieza y de instalación de elementos soterrados para proteger el edificio de las condiciones climatológicas”.

Por esta razón se afirma también que “aunque el edificio no se encuentre concluido en cuanto a su reforma debido a la imposibilidad de iniciar la ejecución material de la remodelación total (pese a que el contrato administrativo llegó incluso a adjudicarse), no debería ser impedimento para considerar esas cantidades como debidamente aplicadas al convenio en cuestión, teniendo cabida dentro de la finalidad para la cual se concedió financiación, como acciones de puesta en valor y de conservación”.

 

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