Un informe jurídico avala el contrato del Imtur a la empresa D’Aleph


El documento señala la ausencia del documento de compromiso del gasto así como el retraso en la entrega del trabajo

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Isabel Albás. /Foto: LVC

El titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, y a su vez secretario del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), firmó el pasado día 26 un informe en el que avala la contratación de la empresa D’Aleph por 6.300 euros para la realización de la relación de puestos de trabajo en la plantilla de dicho organismo.

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Isabel Albás. /Foto: LVC

En el informe se afirma que el expediente de adjudicación de contrato menor de servicios “así como la posterior elaboración de la valoración de puestos se considera ajustado y conforme a Derecho”, tal y como se detalla en el documento.

Fueron los portavoces de IU y Podemos, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, quienes desvelaron la pasada semana la existencia de este contrato a D’Aleph, que vincularon con el hecho de que en esta empresa trabajó como consultora la actual presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, formación a la que pertenece la presidenta del Imtur, Isabel Albás.

Por contra, el informe del secretario del Imtur señala que en el expediente de contratación a D’Aleph no figura el compromiso del gasto, que se refleja en lo que se conoce como un documento AD. Por esto, el funcionario señala que esta carencia “supone una irregularidad que no determina la invalidez del contrato menor objeto de este informe pudiendo por tanto ser subsanada la omisión de dicho documento contable”.

El informe habla del retraso

Otro asunto que se aborda en este informe es el retraso en la entrega del trabajo encomendado a D’Aleph. Esto debería haberse realizado en septiembre o en diciembre, si se hubiese solicitado una prórroga que no se pidió. Ayer, la presidenta del Imtur, Isabel Albás, reconocía que a día de hoy aún no se había entregado. 

Sobre este aspecto se afirma en el informe que no basta con un retraso para rescindir el contrato siempre que no se supere el plazo de un año que marca la ley. “En todo caso si se acredita que el retraso es imputable a la empresa adjudicataria procedería la imposición de penalidades tal y como recoge la jurisprudencia mencionada en el presente informe”.

 

 

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