IU y Podemos alientan a seguir adelante con la innovación sobre salas de juegos


Pedro García mantiene que el "el problema es que hablamos del poder de verdad, de la gente que maneja mucho dinero"

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Juan Alcántara y Pedro García. /Foto: LVC
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Juan Alcántara y Pedro García. /Foto: LVC

A los grupos municipales de IU y Podemos no les convencen las explicaciones dadas desde el Gobierno central y desde la Junta de Andalucía de que los ayuntamientos no tienen competencia para decidir sobre la instalación de salas de juegos en sus respectivos municipios, como explicó ayer el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, quien anunció que se iba a paralizar la innovación en marcha del PGOU para regular esta cuestión.

El portavoz de IU, Pedro García, rechaza los argumentos de la Junta y del Gobierno central -que afirma desconocer- y basa su argumentación en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a la que “dan la vuelta para que el interés particular sea el interés general”.

Las salas de juegos son “el poder de verdad”

En base a esta normativa, “la competencia se le da a los ayuntamientos”, pero interpreta que “el problema es que hablamos del poder de verdad, de la gente que maneja mucho dinero”, en alusión a las salas de juegos, porque “mediante el negocio de unos pocos se hace daño a muchos”. 

Tanto IU como Podemos han centrado sus críticas contra la Junta, el Ayuntamiento y los partidos que sustentan sus respectivos gobiernos. Preguntado García sobre la carta de la Subdelegación del Gobierno en la que reitera el argumento de que los municipios no pueden regular las salas de juegos, tras señalar que la desconocía, reafirmó la vigencia de su denuncia “lo diga el Gobierno central, la UE, la ONU o Juan Marín”.

El viceportavoz de Podemos, Juan Alcántara, también ha mostrado su rechazo a la paralización de la regulación de las salas de juegos, porque “no se puede estar en contra de la ludopatía y dejarlo todo igual”. Ha defendido seguir adelante con el proceso de innovación por contar con el respaldo de los vecinos y de las fuerzas políticas, con independencia de que la Junta y el Gobierno central hayan señalado lo contrario.

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