La paulatina pérdida ‘temporal y excepcional’ de libertades y derechos


Las nuevas medidas restrictivas adoptadas por la Junta de Andalucía, en favor de la salud pública, chocan con ciertos derechos fundamentales por los que preguntamos a algunos juristas

Control en Almodóvar del Río./Foto: FS

Prohibido tener actividad en parques públicos y jardines. Prohibido reunirse en peñas, asociaciones culturales y recreativas o clubes. Prohibidos los mercadillos. Prohibido tener un bar o restaurante abierto desde las 10 de la noche. Amén de las ya conocidas como la prohibición de fumar por la vía publica o detenerse en la barra de un bar a tomar un café o una caña. O ir sin mascarilla en la calle. Prohibidos los peroles en los parques periurbanos para San Rafael. Los Villares se cierran.

A pesar de todas estas medidas, la pandemia crece. Parece que la única solución de la administración es prohibir moverse, salir, consumir, vivir en definitiva. Se prohíbe gran parte de lo que supone vivir para mantener a salvo la vida. La paradoja no deja de ser curiosa sin que, tras ella, no acechara la ruina económica de muchos sectores y familias. Y todo ello en un Estado de Derecho.

Los argumentos legales

Las últimas medidas adoptadas amplían la Orden de 14 de octubre de 2020, “por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas”. La Junta de Andalucía lo explica de la siguiente manera: “La Orden de la Consejería de Salud y Familias de 19 de junio de 2020 adoptó medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID -19), una vez superado el estado de alarma. Dicha orden ha sido modificada por la Orden de 25 de junio, de 14 de julio, de 29 de julio, de 13 de agosto, de 16 de agosto, de 1 de septiembre y de 11 de septiembre de 2020.

Asimismo, la Orden de 29 de septiembre de 2020 vino a adoptar medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma.

En los últimos informes epidemiológicos sobre los municipios en los que se han aplicado estas medidas junto con la restricción de movilidad, se concluye que hay una tendencia descendente y que los resultados de las medidas adoptadas son buenos.

“No obstante, las medidas encaminadas a la reducción de la movilidad de las personas se han mostrado altamente efectivas para controlar la transmisión de la COVID-19 cuando el virus alcanza un elevado nivel de difusión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de medidas suponen un elevado coste social y económico, por lo que conviene implementarlas estudiando la situación caso por caso, así como agotando todas las intervenciones previas posibles y de forma escalonada”, añade la Junta.

“Por ello, existirán localidades o parte de las mismas donde será necesario adoptar medidas para evitar la propagación del virus que sean más estrictas que las establecidas en la Orden de 19 de junio de 2020, pero que no supongan restricción a la movilidad de la población. Estas medidas básicamente suponen restricciones especiales a las reuniones grupales tanto en el ámbito público como el privado. Igualmente resulta necesario reducir temporalmente los aforos permitidos para la realización de determinadas actividades y servicios como en el caso de la asistencia a velatorios y entierros, los establecimientos que prestan servicios de hostelería y restauración y, con carácter general, a cualquier local o establecimiento comercial”.

Se insiste en dos aspectos que son destacables: la restricción de la movilidad y la eficacia de las medidas. Con lo primero se atenta contra un derecho fundamental y lo segundo, según los datos de la propia Consejería, sencillamente es relativo sobre todo por el aumento progresivo de contagios que se han producido a pesar del endurecimiento de las medidas. Almodóvar del Río, por ejemplo, tiene ahora mismo una tasa PDIA (antes PCR) de 466’2, superior a la de la capital cordobesa que es de 441,2, donde -de momento- no se ha controlado la movilidad. 

José Luis Garrido, presidente del Colegio de Abogados / Foto: RG

Los derechos fundamentales

“La Constitución española regula los supuestos en los que se pueden limitar derechos fundamentales como son el de reunión y circulación, y esto ocurre cuando existe el Estado de Alarma, el de Excepción y el Estado de Sitio”, nos recuerda el abogado pontanés Rafael Reina. “En un estado normal, esta conculcación de derechos entiendo que no es correcta”.

José Luis Garrido es el decano del Colegio de Abogados de Córdoba: “Precisamente por eso es por lo que la Junta ha pedido el aval del TSJA. Los jueces sí tienen capacidad para limitar derechos fundamentales”. ¿Y la Constitución? “Como dijo cierto personaje, hoy en día quien más poder tiene en nuestro Estado es un juez de instrucción”, aclara Garrido. “Seguro que han pesado mucho las sentencias del TSJ de Madrid, que anuló esto mismo que se había hecho por orden ministerial, cosa que un Ministerio no puede hacer”, añade el decano.

“Deberían estar refrendadas también por el Constitucional”, opina otra letrada, Salud Ortiz. “Evidentemente aquí también hay un bien superior, que es el derecho a la vida, y en este caso ese derecho prevalece”, añade la letrada que, respecto a los cribados masivos piensa que “no deberían ser obligatorios, a menos que lo ordene un juez, porque el cuerpo es inviolable”. 

El Realejo, durante el confinamiento. denuncias multas
El Realejo, durante el confinamiento. /Foto: LVC

Un escenario de incertidumbre

Lo que está claro es que con cierto talante de resignación, la población va aceptando unas normas que hace unos meses hubieran sido impensables en circunstancias normales. Normas que paulatinamente  reducen la libertad de la que hasta ahora hemos gozado y que suponen otra vuelta de tuerca a sectores económicos de vital importancia como es el de la hostelería y el turismo. Todo apunta a que las navidades van a  ser más duras de lo que hace tan solo unos días nos anunciaban. 

 

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