Los ‘okupas’, a la calle en 12 horas


Es una de las medidas que se recogen en el 'Plan Antiokupación' que el PP lleva al Congreso y que hoy se ha presentado en Córdoba

Un 60% más de ocupaciones ilegales en los últimos cinco años en España. Este ha sido uno de los datos que ha aportado el presidente del Partido Popular en Córdoba y parlamentario andaluz, Adolfo Molina, en la presentación de la Proposición de Ley que los populares van a llevar al Congreso para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, acompañada de una recogida de firmas que se está realizando a nivel nacional y diversas mociones que se presentarán en distintos ayuntamientos, también en los de la provincia cordobesa.

“Lo primero es reconocer que hay un problema, aunque el vicepresidente Pablo Iglesias diga que no lo es”, ha dicho Molina, que ha dado a conocer datos que reflejan la magnitud del asunto: de enero a junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación ilegal, “más lo que no se denuncia” ha añadido el popular, lo que suponen 41 denuncias diarias. Hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas en España y Córdoba es la tercera provincia de Andalucía en número de ocupaciones ilegales.

La situación en Córdoba

Y, en efecto, no es ajena nuestra capital y provincia a este problema. Según los datos que ha dado el Partido Popular, de 2019, “estamos hablando de una media de 60 ocupaciones al mes” En concreto, en la capital afecta al casco histórico y a barrios y urbanizaciones como la Huerta de la Reina, varias barriadas periféricas o la Carrera del Caballo.

“Este es un problema que ataca al derecho a la propiedad privada”, ha recalcado Adolfo Molina, “y que además altera gravemente a la convivencia vecinal”. Muchas de estas ocupaciones suelen venir acompañadas de tráfico de estupefacientes y los pisos se emplean como centros de distribución de drogas. Detrás operan, generalmente, bandas organizadas especializadas en la ‘okupación’.

El ‘Plan Antiokupación’

Entre las medidas que el Partido Popular recoge en este plan destacan la solicitud de penas de 1 a 3 años para los infractores, “okupas que se echarán de la vivienda en 12 horas”. estos okupas no podrán empadronarse y las comunidades de los propietarios podrán tomar medidas legales. Además las personas jurídicas también podrán iniciar procedimientos legales contra los infractores. 

“Se trata de responder al vacío legal que ahora mismo existe”, ha concluido Molina.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here