Los ambulantes amenazan con movilizaciones, según Podemos


Reclaman la prórroga automática de las licencias y que se les abonen las ayudas que se les prometieron por la pandemia

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Vendedores ambulantes, ante el Ayuntamiento. /Foto: LVC

El concejal de Podemos Córdoba, Juan Alcántara, ha señalado la posibilidad de que el colectivo de vendedores ambulantes y pide al gobierno municipal “que se escuchen las demandas del colectivo y se retire la suspensión de licencias”.

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Vendedores ambulantes, ante el Ayuntamiento. /Foto: LVC

Tanto la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Acamcor) como la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), han exigido esta mañana la paralización de las suspensiones de licencias “que van a dejar en la ruina a muchas familias que viven del mercadillo”.

Por este motivo, miembros de ambos colectivos se han concentrado esta mañana ante la puerta del Ayuntamiento, mientras se celebraba una reunión extraordinaria de la Comisión de Venta Ambulante, en donde se ha reiterado la decisión que ha dado pie a la protesta y que, en opinión de Podemos, “va a provocar, según ambos colectivos, movilizaciones en estos días como protesta”.

Esta reunión se ha convocado porque “las ayudas que nos habían prometido aún no nos han llegado ninguna y, además de eso, nos hemos encontrado con más palos en las ruedas de los que había antes”, ha señalado por su parte el presidente de Comacor, Antonio Torcuato.

El presidente de Acamcor, Juan Fernández, ha explicado también que reclaman que “las licencias que van a retirar a los compañeros a los que les falta documentación que se renueven automáticamente y que nos perdonen las tasas y nos den las ayudas que nos han prometido”. Fernández ha señalado que situación que atraviesa este colectivo se remonta a 2008 y que ahora, a causa de las pandemia, “nos hemos quedado sin vender y no tienen recursos para afrontar esa situación, que es por lo que pedimos que les renueven las licencias automáticamente, porque estamos en una situación mundial de pandemia y el que estaba mal está peor y el que estaba bien va a estar mal”. 

Tal y como ha expresado el portavoz de los ambulantes a las puertas del Ayuntamiento antes de la reunión, se “están suspendiendo numerosos licencias por falta de documentación o de requerimientos y requisitos que no se entregaron a tiempo, pero es que tras negociarlo y hablarlo nos prometieron que eso no se iba a llevar a cabo, pero no ha sido así”.

En opinión de los empresarios ambulantes se trata de “medidas muy extremas” que implican que “una familia no pueda trabajar” y en este punto la Administración “está para ayudar y no para evitar trabajos”. Otros elementos que plantean los ambulantes es la condonación de las tasas hasta primeros de 2021, que se dé todo por renovado y que levanten la suspensión de las licencias también hasta principios del próximo año, “que no estamos como para perder licencias”.

De su parte, Juan Alcántara ha indicado que Podemos se posiciona junto a las reivindicaciones del colectivo, ya que requieren “de ayudas ante el momento extraordinario de necesidades vitales, flexibilidad en la tramitación de licencias renovadas y la condonación de tasas hasta 2021”. En ese sentido, el representante en la comisión de la formación morada ha señalado que “hemos exigido al máximo responsable de la comisión, Antonio Álvarez, para que traslade a su equipo una mayor coordinación con los colectivos, empatía, flexibilidad y autocrítica del equipo de gobierno en unos momentos especiales, excepcionales y extraordinarios con la crisis económica y social tras el estado de alarma”.

Según Alcántara, no es el momento de dejar sin opciones laborales a 10, 15 o 35 familias, y desde el Ayuntamiento “debemos ayudar y no entorpecer la reactivación económica del colectivo de vendedores ambulantes de nuestros mercadillos municipales”.

De igual modo, Alcántara ha señalado que desde la Fundación Secretariado Gitano se ha dicho claramente que “hay indicios de discriminación racial por parte la Delegación de Mercado Ambulante y, en este sentido, es la parte que discrimina la que debe probar si se han producido o no tratos racistas en la gestión y contacto con el colectivo”.

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