Consumo inspeccionará casi 400 páginas web de comercio electrónico

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Las empresas están obligadas a informar del derecho de desistimiento, que permite anular las compras realizadas en el plazo de 14 días sin penalización

Consumo
Compra online./Foto: LVC
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Compra online./Foto: LVC

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias está desarrollando una campaña de inspección dirigida a comprobar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de consumo en las páginas web destinadas al comercio electrónico. En total, está previsto realizar hasta el próximo mes de noviembre al menos 395 actuaciones de control con el objetivo de velar por la protección en las compras o contrataciones online, siendo el sector del comercio electrónico una de las actividades económicas que más están creciendo.

Los controles son realizados por el personal inspector de los servicios provinciales de Consumo y se centran en páginas web en castellano, domiciliadas en cualquier punto del territorio español y que ofrezcan sus productos y servicios en Andalucía.
Como en anteriores ediciones de esta campaña de inspección, cada provincia se hará cargo de controlar las páginas que oferten un grupo diferente de productos y servicios para ampliar el alcance de las actuaciones. Como novedad, en esta campaña se incluye el control de páginas web de grandes superficies mixtas, servicios de asistencia técnica, servicios financieros y seguros.

Con esta campaña, la Dirección General de Consumo pretende verificar el grado de cumplimiento de la regulación fijada en relación a la información precontractual, incluido el derecho de desistimiento, la factura electrónica, condiciones generales de la contratación, posibles prácticas comerciales desleales y el funcionamiento de la nueva regulación sobre quejas y reclamaciones.

Para ello, se comprueba, entre otras cuestiones, que a través de la página web se puede identificar adecuadamente a la empresa responsable, su dirección y datos de contacto. Asimismo, se comprueba que se indican las características principales de los productos ofertados, y que se indica su precio completo, incluyendo impuestos y tasas. También se verifica la disponibilidad de la información sobre los plazos y gastos de envío, así como sobre las formas de pago y los procedimientos de devolución.

En este sentido, se presta especial atención a la información sobre el derecho de desistimiento, estando obligada la empresa a indicar las condiciones del mismo, el plazo y los procedimientos para ejercerlo. 

Otra de las cuestiones que se revisan con detenimiento está relacionada con la factura electrónica. En este caso, cabe recordar que la persona consumidora deberá dar su consentimiento expreso (que podrá ser revocado en cualquier momento) para recibir la factura en formato electrónico en lugar de en formato papel, sin que se pueda derivar ese consentimiento de una cláusula general predispuesta. En ningún caso se podrá exigir pago alguno por la recepción de la factura en formato papel.

Esta campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2020, que, tras los ajustes realizados con motivo de las restricciones derivadas del Covid-19, comprende un total de 23 campañas que supondrán aproximadamente 5.600 actuaciones de control dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente.

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