María Amparo Martínez, abogada, portavoz de DEFENDA: “Los reales decretos del estado de alarma vulneran derechos fundamentales y crean una alarmante inseguridad jurídica”


María Amparo Martínez / Foto: LVC
María Amparo Martínez / Foto: LVC

Nuestra invitada llega con una cita de Montesquieu a modo de tarjeta de visita: “ Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa “. María Amparo Martínez Marián (Madrid, 1972) se presenta así misma como una “abogada de trincheras”, que en realidad significa que es una trabajadora autónoma pegada a la realidad, al cuerpo a cuerpo, a acompañar a aquéllos que la vida – o el fisco- le ha sacado un mal naipe, tomaron la decisión equivocada o sencillamente pisaron de más el acelerador cuando no debieron hacerlo. Esta licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares es una abogada que lleva más de 20 años de ejercicio ante los tribunales, es socia fundadora de la asesoría Agemfis S.L. y ahora se ha embarcado en Defenda, una asociación que aglutina a abogados desencantados, que asisten un día sí y otro también al colapso judicial – que puede verse incrementado por el parón de la crisis del Covid19-, letrados que conocen la precariedad laboral como otros muchos sectores de la sociedad, profesionales que emplean su tiempo y conocimiento  en la defensa legal de los ciudadanos pero que se sienten indefensos ante la administración de Justicia.

Defenda ha nacido en el seno del estado de alarma – el 12 de abril, para ser exactos-, es una asociación de carácter nacional y esperan llegar a los 5000 asociados antes de que finalice el año. De momento, 17 letrados cordobeses ya forman parte de Defenda y todo apunta a que serán muchos más en breve.

 

 – ¿Cómo y por qué surge DEFENDA? 

 Defenda se gesta en pleno estado de alarma en distintas redes sociales y distintas plataformas que se crean ante el abandono de los abogados por el RD 463/2020 de 14 de marzo. Viendo que dichas plataformas eran muy activas por separado y con unos intereses comunes, que era la defensa por los derechos de la abogacía y porque no se vulnerasen los derechos de los justiciables, nos unimos los distintos portavoces de aquellas plataformas y decidimos unificar fuerzas y crear DEFENDA Asociación por la Defensa de los Derechos de la Abogacía, y de esta manera nace formalmente el día 12 de abril de 2020.

– Cuesta trabajo pensar en precariedad y abogacía, pero tienen compañeros que están en una situación muy complicada tras casi dos meses de inactividad

Me alegro mucho que hagas esta observación, porque esa es una de las grandes lacras que llevamos arrastrando los “abogados de trincheras”, como a mí me gusta autodenominarme, ya que cuando se habla de abogados existe una falsa creencia de que todos los abogados somos ricos y estamos forrados, afirmación totalmente falsa.

Esa imagen que tiene la sociedad, del abogado forrado, tiene que cambiar, porque eso es lo excepcional, ya que tan sólo alguno de los abogados que pertenecen a esos grandes despachos con renombre conocido por todos, son los que tienen una condición económica muy favorable, verdaderamente- esos que llegan a ser socios-, pero el resto de los mortales abogados que tenemos nuestro pequeño despacho, tan sólo nos da para vivir

El 90% de los letrados de España somos autónomos, tenemos despachos unipersonales, en los cuales  tenemos que hacer de todo, es decir, nosotros somos la secretaria, el de los recados, el abogado, el telefonista, el de la limpieza, el de los cafés, el que maneja las redes, que ahora se llama comunity manager, el que redacta el blog, el que lleva la página web, el que capta clientes, el que lleva tanto asuntos privados como los del turno de oficio, ( que carga sobre sus hombros y otro gran mito del cual hice un artículo), es decir, lo hacemos todo nosotros porque no nos podemos permitir contratar a nadie más para que nos ayude, porque nos da tan sólo para vivir y pagar nuestras facturas.

Ahora voy a invertir tu afirmación, y te puedo asegurar que a mí me cuesta pensar en estabilidad, solidez y abogacía, ya que si de algo sabemos los abogados es de deambular en la cuerda floja cada mes, porque al no tener una cartera de clientes fijos mensuales dependemos de los casos particulares que nos entren al despacho cada mes -y muchos meses no hay ninguno-, así como de nuestros asuntos y guardias del turno de oficio.Todos los meses tenemos la incertidumbre de cuales serán nuestros ingresos.

Somos muchos los compañeros que lo estamos pasando mal, y me incluyo dentro de ellos, ya que, el 90% de estos abogados de trincheras, somos currantes como cualquier ciudadano de a pie, y tenemos los mismos problemas para llegar a fin de mes.

La realidad actual del 90% de los abogados mutualistas y con despachos unipersonales, es que llevamos desde el mes de marzo con cero ingresos en nuestras casas, con cero ayudas o subvenciones, y por el contrario manteniendo todas nuestras obligaciones tanto fiscales, como de pago de cuotas colegiales, mutua, suministros, hipotecas y todos los gastos propios de los despachos, siendo una situación muy, muy asfixiante para la inmensa mayoría de nosotros. Con la paradoja de que hemos sido declarados esenciales, pero con el hándicap de que si no tenemos algún asunto de urgencia como puede ser violencia,  detenidos, o menores, (que solo los vas a tratar si tienes alguna guardia) pues resulta que no podemos trabajar, por lo que, al no poder cesar en nuestra actividad, no podemos recibir ayudas, estando por tanto en “un coma inducido”.

La realidad actual del 90% de los abogados mutualistas y con despachos unipersonales, es que llevamos desde el mes de marzo con cero ingresos en nuestras casas, con cero ayudas o subvenciones.

– El Gobierno ha dado una serie de ayudas a los autónomos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Los abogados autónomos que pertenecen a alguna de las Mutualidades Alternativas ¿están recibiendo las mismas ayudas?

 No, y ese es otro de los grandes problemas que tenemos a día de hoy los mutualistas, los cuales tan sólo en algunas Comunidades han recibido esas ayudas como son Madrid, Alicante y Andalucía, y en distintas cantidades.

 Colegios oficiales de abogados como el de Córdoba y el de Málaga no descartan una paralización durante agosto. ¿No está siendo suficiente la labor de los colegios profesionales

 Cierto es que esos colegios, hasta ahora, han sido los más valientes en tomar iniciativas como esas. Es más, el Decano de Málaga ha ido más allá y ha apoyado de forma incondicional a sus colegiados para que todas las actuaciones judiciales que se puedan realizar de forma telemática se realicen de esta forma, según lo dispuesto en el art. 19 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. En el punto 1 del mencionado artículo 19 del RDL  se hace referencia a la celebración de actos procesales mediante presencia telemática, y establece lo siguiente: “Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello”, Así ha apoyado a sus letrados recientemente, ante el requerimiento de la presencia física del letrado de guardia ante un Juzgado de Instrucción de Málaga, negando el Decano la asistencia física siempre que se pueda hacer por medios telemáticos. De la misma manera, El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez ha manifestado que si no hay medidas de protección frente al COVID, los abogados no acudirán a las sedes judiciales. Y a pesar de que los 83 colegios de Abogados se han opuesto a trabajar en agosto, hasta el día de hoy, no hay ningún colegio más que se haya pronunciado de sobre el apoyo a hacer huelga en el mes de agosto.

Los Colegios pueden hacer mucho más de lo que están haciendo en la actualidad, para apoyar a sus colegiados en esta crisis. Podrían habernos condonado las cuotas colegiales mientras dure el estado de alarma, sino a todos, por los menos a los que estamos en el turno de oficio, o a los que lo hubieran solicitado por su situación de vulnerabilidad, y no ofrecernos tan solo un aplazamiento de la cuota por un trimestre. Lo que siempre hemos echado en falta de nuestros colegios, y ahora más que nunca, es que nos apoyen de forma incondicional ante todas las tropelías que tenemos que soportar cada día en el ejercicio de nuestra profesión, tanto por el mal funcionamiento de la justicia, como de falsas acusaciones y denuncias sufridas por nuestros propios clientes del turno de oficio, como ahora que velen de forma contundente y rotunda por nuestra seguridad e integridad física como letrados en el ejercicio de nuestras funciones en los Tribunales, amparándonos y defendiéndonos en el caso de que nos neguemos a realizar una asistencia, comparecencia o juicio cuando no se estén cumpliendo el Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional según el  Consejo General del Poder Judicial, de 29 de abril de 2020. Y que actúen de una manera clara y rotunda para solicitar al Estado que a los abogados mutualistas se nos equipare a los abogados del RETA, para que todos los abogados con independencia del régimen al cual estén suscritos, podamos acceder al mismo tipo de ayudas estatales que se les ha concedido a todos los autónomos del RETA. Por cierto ,y no menos importante, es que deberían  luchar porque podamos tener conciliación familiar, ya que el problema que se nos plantea ahora es muy gordo para todas las compañeras y compañeros que tenemos hijos menores, ya que sin colegio y teniendo que ir a trabajar en breve, para muchos será imposible conciliar y se tendrán que quedar al cuidado de sus hijos. Y para esta nueva situación no se ha planteado ninguna ayuda

 – ¿Y cuál es la postura del Consejo General de la Abogacía Española? 

El CGAE, desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, se quedó mudo ante todas nuestras peticiones, ante nuestra expresa solicitud de que no miraran hacia otro lado, ante una carta abierta a la Presidenta del CGAE, Dña. Victoria Ortega Benito, de la misma que suscribe esta palabras, donde le pedía auxilio.Y tan sólo se ha pronunciado una sola vez el día 26 de abril de 2020 rechazando por inefectiva la habilitación del mes de agosto en los Juzgados y Tribunales.

Ah, se me olvida comentar, que también se pronunció para felicitar a don Antonio Garrigues por su designación como director de la comisión de redacción de la nueva Ley de Defensa, decisión muy controvertida, por cierto.

Los Colegios de Abogados pueden hacer mucho más de lo que están haciendo en la actualidad, para apoyar a sus colegiados en esta crisis.

– A los abogados que son mutualistas y no pertenecen al RETA no se les reconoce, entre otras cosas, las bajas por el Covid-19 ¿Es un problema de la administración o de la mutua? 

 Entiendo que es de la mutua, que se ha negado a reconocerlas más allá de 14 días, pagando 30 € por día y teniendo un período de 7 días de carencia, por lo que, los mutualistas que hayan estado dados de baja por COVID-19, tan sólo van a cobrar en total 210 €.

 – El Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril ha hecho saltar las alarmas en varios sentidos. Vayamos primero con el estrictamente operativo, el que se supone que será un necesario regreso a la actividad. Ustedes denuncian que ya se arrastra un colapso anterior y que siguen sin los medios necesarios. 

 Efectivamente este colapso se viene arrastrando desde hace muchos años atrás, no se va a producir un colapso judicial por 3 meses que haya estado paralizada la justicia por esta crisis del COVID-19, sino que es algo histórico ya. El colapso de la Justicia no se soluciona habilitando el mes de agosto, ya que es del todo ineficaz, porque lo que hace falta para descongestionar la Justicia es dinero.

La habilitación del mes de agosto va a servir única y exclusivamente para aumentar no sólo el colapso judicial sino el “déficit judicial”, ya que se va a malgastar una ingesta cantidad de dinero público que va a perjudicar una vez más al justiciable, al contribuyente y a los operadores jurídicos intervinientes porque nada se va a resolver y ese “dinero tirado” bien podría haber servido para invertir en justicia

Para descongestionar hace falta que se invierta en contratar más personal de la Justicia. Que cuando un Juez, o un funcionario o un letrado de la administración se ponga enfermo y deba estar de baja, o se produzca un traslado, no se deje ese puesto de trabajo inactivo durante toda la baja o traslado, que puede ser un mes, dos, tres o un año, con el consiguiente parón de todos los procedimientos que lleva esa persona.

María Amparo Martínez / Foto: LVC

Que se invierta en que verdaderamente funcione de una vez el expediente judicial electrónico, que agilizaría muchísimas horas perdidas tanto para los abogados que tenemos que desplazarnos al juzgado a instruirnos del expediente, o para fotocopiarlo, como  para los propios funcionarios que no tendrían que perder su tiempo para atendernos, fortaleciendo el teletrabajo tan sumamente importante en estos momentos, y garantizando el funcionamiento efectivo, real y sin riesgos sanitarios para todos los operadores jurídicos.  Que se invierta en modernización de los sistemas actuales telemáticos existentes en los juzgados. Que se aumente la capacidad actual de la plataforma de comunicaciones Lexnet, que en la actualidad tiene un límite muy pequeño para adjuntar documentación y si lo supera tienes que ir al Juzgado a presentarlo físicamente en papel, circunstancia que igualmente retrasa el procedimiento. Que se instrumentalice de una manera efectiva las vacaciones de todos los operadores jurídicos, para que no haya más de tres meses en los que los juzgados funcionan a “ralentí”.

Un instrumento muy útil para agilizar nuestro sistema judicial, también sería invertir en sentido común, que muchas veces falta por doquier, como por ejemplo organizar de una manera efectiva y eficiente las agendas judiciales de señalamiento para los juicios, ya que es un sin sentido por ejemplo que se señalen juicios cada 15 minutos, cuando hay 5 testigos, 2 peritos, y un médico forense, produciéndose retrasos de horas, que tenemos que sufrir los abogados y los justiciables, perdiendo un tiempo precioso que podríamos invertir en la defensa de los derechos de los justiciables. Las horas perdidas por nosotros en los pasillos y en los mostradores, perjudican directamente a las personas que necesitan el auxilio judicial Estos retrasos interminables también se podrían evitar gestionando de una manera eficaz la comprobación de la notificación del día del juicio a todos los intervinientes, para de esta manera evitar que se suspendan juicios por no haber sido comprobados con anterioridad a la celebración del juicio por el funcionario, que todos estaban formalmente citados. Es aplicar el sentido común y administrar y gestionar organizando las tareas que se realizan diariamente en un Juzgado.

No se va a producir un colapso judicial por 3 meses que haya estado paralizada la justicia por esta crisis del COVID-19, sino que es algo histórico ya.

El gran problema que tiene nuestro ministro de Justicia, el Sr. Campo, es que no ha escuchado a nadie para tomar las decisiones que ha ido tomando la arbitraria e inútil decisión de habilitar los 20 últimos días del mes de agosto, que no van a servir para nada, ya que los 83 Colegios de Abogados de España, así como todos los abogados y procuradores estamos en contra de su habilitación, básicamente por ineficaz y porque nos deja sin vacaciones a abogados y procuradores, así de manera gratuita, privándonos de nuestro derecho constitucional al descanso y conciliar nuestra vida familiar.

  – En el aspecto jurídico, también denuncian lo que entienden es una injerencia peligrosa del Ejecutivo en el ámbito judicial: es el Gobierno quien decide qué procedimientos, por ejemplo, deben tener preferencia. 

Efectivamente, la actuación en ese ámbito es muy peligroso, ya que nos están gobernando a golpe de Real Decreto, generando mucha inseguridad jurídica al respecto.

Entendemos que el Gobierno a través del Real Decreto no sólo decide qué procedimientos van a tener preferencias, determinando un proceso de tramitación preferente para los que se contemplan en el artículo 7 y los del artículo 3, 4 y 5 como procedimiento especial y sumario que afecta a menores, sino que se permite desarrollar modificaciones legislativas tanto procedimentales como no procedimentales reservadas a leyes orgánicas por afectar a derechos de los llamados fundamentales y recogidos en el título I de nuestra Constitución, bajo la premura e ingente necesidad de un Estado de alarma, y cuya urgencia en modo alguno queda puesto de manifiesto. O se va a solucionar con la reforma introducida que además es controvertida porque afecta a derechos esenciales y por consiguiente necesita del Parlamento para su aprobación. Por lo que es una injerencia plena del Ejecutivo dentro del Legislativo.

– Además de una posible huelga, ¿qué otras medidas se contemplan desde DEFENDA? 

En la actualidad tenemos en marcha varios proyectos entre los cuales, puedo destacar el recurso de inconstitucionalidad RD Ley 16/2020 de 28 de abril; un informe de propuestas para la agilización real y efectiva de la Administración de Justicia; un estudio frente al anteproyecto Ley Derecho de Defensa. Es importante así mismo la concienciación de los profesionales de la Abogacía y de los justiciables de la significación del concepto “Justicia” y de la puesta en valor de la figura del abogado y de la Abogacía.

Hay que concienciar a todos los Colegios que necesitamos que nos apoyen y nos defiendan más que nunca. Queremos mantener reuniones con los distintos grupos parlamentarios, para que se dé voz a la abogacía con estructuras menos empresariales y mercantilistas, en la Comisión que elaborará el Anteproyecto de Ley del derecho de defensa. Esta petición, viene fundada en la evidente necesidad de regular dicha Ley contemplando todas las perspectivas del derecho de defensa, sin discriminaciones por razones económicas, y porque la realidad de la justicia gratuita, tema que se entrará a valorar y regular, afecta de manera clara a la abogacía más individual en cuanto a estructura, siendo que la práctica mayoría de las grandes marcas no forman parte del sistema de Justicia Gratuita, sino que se decantan por una justicia pro bono muy a lo ‘película americana’, sin tener en cuenta que los problemas de los justiciables no son meros casos para entretener a sus abogados en prácticas, sino casos de vidas reales en busca de una justicia efectiva y de calidad.Porque tenemos que resaltar que los abogados del turno de oficio están sobradamente preparados ya que les son exigidos muchos cursos de especialización para su acceso, así como un continuo reciclaje para seguir activo en el mismo.

María Amparo Martínez / Foto: LVC

Queremos que nuestros socios participen de nuestras acciones y que sean miembros activos en la participación de propuestas e iniciativas, porque somos una asociación en la que implicamos a todos nuestros asociados, para que participen “haciendo justicia”,para reciclarnos, para compartir conocimientos y reivindicar nuestros derechos y para velar porque no se vulneren los derechos de los justiciables.

Es tal el nivel de implicación en Defenda que, el día 12 de abril nos constituimos formalmente, y el  día 13 de abril  de 2020, teníamos terminado el   manifiesto contra  las  medidas propuestas como plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma por el CGPJ  y a fecha del 8 de mayo, casi terminado el borrador del Recurso frene al RD 16/2020. Y he de decir que han sido dos grupos de trabajo de cum laude a los cuales tengo que reconocer su esfuerzo y dedicación.

– Por cierto, cuando finalice el Estado de Alarma, serán muchas las denuncias de ciudadanos que han visto violados sus derechos constitucionales, o sea, que el colapso en los juzgados puede ser incluso peor.

 Evidentemente que el colapso será mucho peor del que ya existía, porque insisto en que dicho colapso ya lo traíamos de serie. Y el gran aluvión de denuncias de miles de ciudadanos que han visto violados sus derechos constitucionales, los ERTES, los numerosos procedimientos de familia que se plantearan como consecuencia de los incumplimientos de los regímenes de visitas, o las modificaciones de las pensiones de alimentos provocadas por la falta de ingresos de los progenitores, o de los numerosos concursos de acreedores o solicitudes de la Ley de la Segunda oportunidad, o la solicitud de la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” para la resolución de los contratos por haberse dado circunstancias excepcionales, entre otras muchas causas, harán que el colapso de los Juzgados no deje de crecer, con la única solución de paliar el colapso de invertir en Justicia poniendo más medios, más personal y más sentido común.

– ¿Estaremos más indefensos tras el estado de alarma? 

Si no se modifican o anulan los Reales Decretos vigentes en la actualidad, la contestación sin duda es un sí rotundo, porque se habrán vulnerados muchos derechos fundamentales de los ciudadanos y se habrá creado una alarmante inseguridad jurídica. Del mismo modo, entendemos que estamos ante un tema muy serio, y de ninguna manera debe ser tratado y regulado a golpe de Real Decreto. La Justicia es uno de los pilares básicos de la sociedad, ya desde la época del Derecho Romano, por lo que su regulación y modificación debe adaptarse precisamente a esa importancia.

 

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