El Colegio de Abogados dice que el Decreto del Gobierno tiene medidas “claramente ineficaces”


Piden su "derogación inmediata" y señalan que va "a agravar la situación actual" de la Justicia

Abogacía
Colegio de Abogados. /Foto: LVC

El Colegio de Abogados de Córdoba se ha sumado a las críticas que en estos días recibe el Real Decreto-Ley 16/2020 sobre medidas para hacer frente al covid-19 en la Administración de Justicia. La Junta de Gobierno de este colectivo ha mostrado su “oposición y rechazo” a esta normativa por no haber hecho caso a las propuestas realizadas por los abogados, así como por contener otras que son “claramente ineficaces” para la reactivación de los juzgados y tribunales tras el estado de alarma.

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Colegio de Abogados. /Foto: LVC

Las medidas que proponen los abogados cordobeses no se andan con medias tintas y piden directamente “su inmediata derogación”. Una vez dado este paso piden al Gobierno de España “la adopción de medidas legales y organizativas realistas, consensuadas con todos los profesionales intervinieres en la Administración de Justicia”, porque otra de las críticas que realizan es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es que no ha tenido en cuenta “las fundamentales medidas propuestas por la abogacía a través de su Consejo General”.

Entre las propuestas que realiza el Colegio de Abogados de Córdoba está el pedir al Ministerio de Justicia la elaboración “con carácter inmediato” de un calendario para la reanudación de la actividad judicial, “con la incorporación de todos los funcionarios necesarios”. Además, sobre la habitación del 11 al 31 de agosto, reclaman que en cualquier caso se mantenga este mes como inhábil. Este punto salvaguarda las vacaciones de jueces, magistrados, fiscales, letrados y demás personal, mientras que, a la vez, “las niega a todos los abogados, vulnerando su derecho constitucional al descanso y a la conciliación familiar”.

En opinión de los abogados, esta última medidas “lejos de contribuir al atraso acumulado en la tramitación de los procedimientos, impedirá el pleno rendimiento del sistema judicial durante varios meses consecutivos, contribuyendo, en consecuencia, a agravar la situación actual”.

También solicitan a todas las administraciones competentes la dotación de material de protección contra el covid-19 a todo el personal, y anuncia que “se adoptarían las medidas oportunas de amparo y protección colegial a los letrados que se negaran a practicar diligencias judiciales presenciales sin que previamente se hubieran dotado por la Administración de las necesarias medidas de protección”.

 

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