Los socialcomunistas quieren aniquilar los centros de educación especial


La Lomloe pretende la integración absoluta de todos los alumnos en los mismos centros educativos

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Colegio./Foto: LVC
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Clase de un centro educativo. / Foto: LVC

La nueva ley educativa que prepara el Gobierno socialcomunista de España (la Lomloe), además de ser un mero lifting de la que no consiguió sacar adelante el ejecutivo de Pedro Sánchez tras desbancar a Mariano Rajoy; se está fraguando en unas circunstancias que, cuánto menos, resultan llamativas. 

Ello atendiendo a diversos aspectos. El primero de los mismos es el periodo en el que se está trabajando sobre la misma: en plena cuarentena nacional y con los agentes que deberían estar aportando su trabajo y experiencia, confinados. A lo que hay que sumar que, en la norma que pretende aprobar el Gobierno socialcomunista, hay aspectos que pueden ser irreparables para un sector del alumnado. Y este no es otro que los escolares que sufren discapacidad. 

La integración absoluta de todos los alumnos en los mismos centros educativos, supone necesariamente la eliminación de los centros de educación especial. Un hecho que, de llevarse a cabo, supondría la aniquilación de la atención a las necesidades educativas y de cuidados reales de estos alumnos. 

Como recogía Libertad Digital, esta es una vieja reivindicación izquierdista para la que el Gobierno se escuda ahora en “el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas” y en cumplimiento de sus propios objetivos “de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.

Por su parte, la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha criticado duramente esta forma de proceder del Gobierno. En este sentido, el colectivo ha denunciado “las intenciones del Gobierno y del Ministerio de Educación de sacar adelante la nueva Ley de Educación, estando declarado el estado de alarma, donde están restringidos parte de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, entre ellos el de reunión”.

“Un déficit democrático inadmisible”

Desde la Concapa han ido más allá al advertir que “en un momento en el que la pandemia del COVID-19 está asolando a nuestro país, las organizaciones de la enseñanza concertada consideran que es necesario priorizar la vida y la salud de nuestra sociedad. Precisamente por eso, no es comprensible que el Ministerio de Educación trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la Lomloe, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley, especialmente en un asunto tan importante como el educativo”.

De ese modo, en su comunicado han proseguido detallando que “los representantes de la Plataforma Concertados, entidad constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y Cofrapa (Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE (Federación de Sindicatos independientes de la Enseñanza) y Feuso (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera), y abierta a nuevas adhesiones, se han reunido con carácter urgente ante la decisión de la Mesa del Congreso de no querer aceptar un aplazamiento del trámite de presentación de enmiendas. una actitud poco elegante y que, desde luego, manifiesta un déficit democrático inadmisible”.

Ante lo expuesto, en la nota se ha alertado de que “la prisa del Gobierno parece obedecer, no solo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir enmiendas solo consensuadas por los socios de Gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza”. Sin olvidar que “revelaría su propósito de escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley esencial que no goza de consenso en la comunidad educativa, evitando de paso posibles actuaciones publicas contrarias de una parte importante de la sociedad”.

“Ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva Ley de Educación”

A todo lo razonado, en el comunicado se ha argumentado, a su vez, que “durante todos estos días de confinamiento por la pandemia del Covid-19, el MEFP ha defendido insistentemente que, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo, las medidas y soluciones deben ser también excepcionales”. Por lo que “pedimos que se aplique este mismo criterio a la aprobación de la Lomloe: que se paralice su tramitación hasta que se levante el estado alarma y pueda restablecerse la normalidad”.

“Con ello, se permitirá a la sociedad y a la comunidad educativa participar en el debate de una ley de este calado. Si el Gobierno persiste en la actitud de aprovechar a su favor un momento tan crítico y excepcional, va a ser difícil continuar por las vías del diálogo y de la colaboración ante lo que entendemos es un ejercicio de autoritarismo sin precedentes”, se ha destacado. 

Finalmente, se ha resaltado que “ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva Ley de Educación”. Ya que “medidas de este tipo, unilaterales y que despiertan sospechas, no ayudan a conseguir el Pacto Escolar que demanda y necesita la sociedad. Es más, la Plataforma Concertados solicita que los pactos de Estado que busca el Gobierno para facilitar la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia de coronavirus, incluyan también las cuestiones educativas”.