Satse a la UE: “se han vulnerado más de una docena de tratados y directivas sobre protección a los profesionales”


Satse señala que esto ha sido determinante para que seamos el primer país del mundo en profesionales sanitarios contagiados

Satse
Sanitarios./Foto: Satse
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Sanitarios./Foto: Satse

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha denunciado ante la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) el incumplimiento manifiesto y reiterado de numerosas normativas y directivas europeas, así como legislación española, en materia de prevención de riesgos laborales por parte del Estado español,  al no evitar que los trabajadores sanitarios ejerzan su labor desprotegidos contra la Covid-19.

En la denuncia trasladada al órgano de la UE encargado de velar y procurar que los lugares de trabajo sean más seguros y saludables, Satse realiza un detallado análisis de las distintas legislaciones, tanto de ámbito europeo como nacional, que no ha cumplido el Estado español para que no peligre la salud y seguridad de sus profesionales sanitarios. Un incumplimiento que ha resultado determinante para que España sea el primer país del mundo en lo que respecta a sanitarios contagiados, con alrededor de 22.000 afectados hasta el momento.

Además de no respetar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o la Carta Social Europea, el Gobierno ha hecho “oídos sordos” a lo establecido, en cuanto a protección de la salud y seguridad en el trabajo, en el Acta Única Europea, el Tratado de Lisboa y el Tratado de Ámsterdam, así como en diferentes directivas comunitarias.

Entre otras directivas, Satse cita la Directiva 89/931/CEE, que presta especial atención a la cultura de la prevención; la Directiva 89/654/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo; la Directiva 92/58/CEE en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo; la Directiva 89/655/CEE, sobre la utilización de los equipos de trabajo y la Directiva 89/656/CEE, que se refiere a la utilización de equipos de protección individual.

Asimismo, en el marco del Estado español, también existe normativa específica que no se ha atendido por parte de las autoridades competentes, como la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales o el  Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección individual, así como las características de los mismos.

De otro lado, en la denuncia de Satse se recuerda que desde la Unión Europea, a través de los diferentes organismos y agencias que la constituyen, se emitió el 30 de enero una alerta de emergencia internacional, y que los días 3 y 11 de febrero la OMS reiteraba también a los países la necesidad de adquisición de equipamiento, y que, a pesar de estos avisos, desde el Gobierno de España no se realizó ni se consideró necesario el acopio de materiales.

“La Unión Europea realizó un llamamiento a la compra de recursos y materiales sanitarios, de forma reiterada, y aun así el Estado español seguía manifestando el 13 de febrero de 2020, que España tenía suficiente suministro y equipos personales de emergencia”, apunta la organización sindical, que añade que no ha sido hasta finales de marzo cuando el Gobierno ha procedido a realizar las gestiones oportunas para intentar proveer del material necesario de protección a los profesionales sanitarios.

En definitiva, y como también ha hecho ya con la Comisión Europea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), SATSE ha concluido ante la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo que el Gobierno no ha actuado con la diligencia necesaria y no ha realizado las acciones adecuadas con la premura y previsión debida al objeto de prevenir la necesidad de medios de protección (EPIs) y planificar y adoptar las medidas necesarias para, dentro de sus posibilidades, paliar la situación.

Por todo ello, ha pedido a esta agencia de la Unión Europea que inicie el expediente correspondiente para depurar las oportunas responsabilidad es por los daños y perjuicios ocasionados y que exija al Estado español que proceda con carácter inminente a la dotación de las medidas de seguridad necesarias a los profesionales sanitarios.

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