Sectarismo educativo: “No podemos pensar que los hijos pertenezcan a los padres”


A continuación, les reproducimos el artículo realizado por Juan José Jurado Jurado, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes

sectarismo
Juan José Jurado Jurado.
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Juan José Jurado Jurado.

La ínclita ministra  de Educación, Isabel Celaá, se ha dejado caer con una fase proverbial, una más de las muchas a las que no tienen acostumbrados los políticos que actualmente nos gobiernan; frase que, desgraciadamente, lleva ínsita un profundo sectarismo ideológico, propio del marxismo bolivariano más retrógrado: “No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres”. Declaración que ha tenido lugar con motivo de la polémica surgida por el llamado “pin parental” de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Murcia. A nuestra ministra le ha faltado completar la frase que, quizá, no se ha atrevido a decir, muy  a su pesar, con tal de no ir más lejos en su afirmación -lo que ya de por sí es muy revelador de la arbitrariedad más retrógrada-: “no pertenecen a los padres -hubiera dicho con agrado-, porque en realidad deben pertenecer y ser formados por el Estado”. Ello no es de extrañar, pues sabido es que en los tiempos que corren la voluntad del Gobierno es querer acaparar y dominar todas las instituciones básicas sustentadoras de nuestra democracia, en un intento manifiesto de querer manipular las mismas bajo la apariencia de un “falso progresismo”, que se traduce en la práctica cotidiana en un sinónimo de ausencia de moral, de falta de escrúpulos y de norma esencial de conducta; “falso progresismo” del que, políticamente hablando, es un ejemplo palpable nuestro actual Presidente del Gobierno. 

¿Qué aviesa intención encubre la frase pronunciada? Que los hijos no pertenecen a los padres es una obviedad, porque los padres no son dueños de sus hijos, lo mismo que tampoco estos deben ser esclavos del Estado, lo que desgraciadamente es propio de una ideología caduca y trasnochada como es el marxismo que la clase gobernante parece querer imponer e implantar. Y es que conviene tener siempre presente que el Estado está al servicio de las personas, no éstas al servicio del Estado.

Ya en el XV Congreso de Escuelas Católicas se le vio a Vd. el plumero, señora ministra, al afirmar que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”, pues esa libertad depende de lo que las “condiciones legales determinen y no se trata de un derecho que dimane del artículo 27 de la Constitución Española”. Frase para enmarcar por tendenciosa y sectaria, aunque sería mejor condenarla, por mala intencionada, al ostracismo.

Olvida Vd., señora ministra, el papel primordial que en la educación corresponde a los padres, y no al Estado. Obvia Vd. la legislación existente -en realidad, no es que la obvie, es que la ignora o no quiere conocerla-, en una afán de estulticia impropio o un intento manifiesto de querer agradar a los partidos que sustentan al actual gobierno. Veamos un breve recorrido legislativo que nos aclare esta cuestión. 

Vera, señora ministra: la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 26.3 establece: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, educación que debe orientarse “hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”, como así declara el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto que en su artículo 18.4 afirma que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Y en su art. 13.3: “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. No las convicciones, señora ministra, del gobierno al que pertenece, y que quiere sola y exclusivamente una enseñanza única, laica y estatal, basada en el adoctrinamiento ideológico.

Recapacitemos, señora ministra, pues ello resulta imperiosamente necesario: la función del Estado es promover la educación, el ejercicio recto y responsable de la libertad, no adoctrinar. El Estado no tiene derecho absoluto en la educación de nuestros hijos, no es omnímodo a la hora de legislar sobre esta materia, so pena de inculcar gravemente un derecho que preexiste al propio Estado y que va ínsito en la propia condición humana surgida de las relaciones paterno-filiales: el derecho y el deber insoslayables de los padres de educar a sus hijos. Solo cuando ese derecho y, a la vez, obligación, no se ejercen debidamente, o se declina su ejercicio en claro detrimento de los derechos de los hijos, es cuando resulta necesaria y lógica la intervención del Estado.

Resulta revelador y claro, al margen de cualquier ideología religiosa, lo que afirmó al respecto el Concilio Vaticano II: “El poder público, a quien pertenece proteger y defender la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos”. 

Ya previamente en el ámbito político el Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París, del 20 de marzo de 1952, estableció en su artículo 182.2 que “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas” . 

Clara derivación de lo expuesto es el artículo 27 de nuestra Constitución cuando, entre otros extremos, declara que: “1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza… 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…”. Y ese derecho lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo en diversas sentencias, cuya prolija cita aquí harían excesivamente largo el presente artículo. Dejémoslo, sería mejor, para otra ocasión, y ello con manifiesto ánimo de no aburrir al lector y a la estimada concurrencia.

Ustedes, señora ministra, pretenden adoctrinar en aspectos que forman parte de las convicciones morales y religiosas de los padres a la hora de educar a los hijos, ya sea en sexo, en política, en religión…Quieren imponer radicalmente, no educar en el ejercicio recto y responsable de la libertad; pretenden torticeramente, no ayudar a pensar para que se formen nuestros hijos un criterio propio de las cosas, sino crear estados de opinión aunque sea por medio de hábiles mentiras repetidas hasta la saciedad, para mantenerse Vds. en el “machito” del poder. En definitiva, formar “corderos adoctrinados” que ante su sepulcral silencio, o ante su dirigida docilidad, haga que impere el ejercicio del poderío propio de una “conjura de necios”, que llevan la nave del Estado con rumbo hacia la deriva. 

Señora ministra: el derecho y la fundamental obligación de los padres de educar a sus hijos va más allá de una cuestión simplemente política: desde que nuestros hijos vienen al mundo -ellos no piden venir al mismo- tenemos la obligación de formarlos, de aconsejarles, de enseñarles , de educarlos, de “conducirlos” (eso significa etimológicamente “educar”)  en los valores que nos sirvan para toda la vida, especialmente en los momentos de mayor dificultad y adversidad; en suma, en todo aquello que nos enseña a ejercer la libertad debidamente. Un niño pequeño o un joven que no ha alcanzado la mayoría de edad no goza de la madurez suficiente -a veces ni siquiera habiéndola alcanzado- para tomar las decisiones adecuadas, y son los padres la primera escuela de educación; sus consejos, incluso ya mayores, le servirán de orientación y pauta en su conducta ante la vida. La enseñanza de lo que es bueno, razonable, justo y solidario, como la dignidad de la persona, la justicia, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega y la disciplina se enseñan -deben enseñarse- en nuestras familias antes que en el colegio, porque es la familia, el vinculo paterno-filial, la que mueve dinámicamente y sustenta a la sociedad. O, ¿acaso no ha sido gracias a la familia como se va superando la crisis -yo diría que lo está siendo-, crisis a la que ustedes, como siga así la cosa, nos van a volver a llevar? Esas virtudes, para que Vd. lo sepa, no siempre se enseñan en los institutos y colegios: muchos profesores ya han “tirado la toalla” ante la dejación de funciones de no pocos padres inmaduros, de otros compañeros “acomadaticios” con la ideología predominante y arrolladora, o por el fruto inmerecido de una educación cantonalista que nos está abocando al fracaso. Y es que como sigamos así…mal nos irá.

Vera, señora ministra: la educación es un derecho y un deber irrenunciable de los padres, que los mismos no deben declinar ni transferir. No se puede vender la educación del Estado como la panacea y lo mejor para nuestros hijos. Se trata de fomentar la educación sea esta pública, privada o concertada desde los valores que deben impregnar una sociedad, nunca desde el sectarismo, el adoctrinamiento malsano y la manipulación e imposición ideológicas. Pero Vds., desgraciadamente, llevados del egoísmo por gobernar, de la “tiranía” de un gobierno de mediocres -la mediocridad, desgraciadamente, es general en la clase política-,de la búsqueda continua e incesante del beneficio propio y no del bien común, parecen que están optando por la confrontación como norma malsana de conducta y no por la colaboración como sistema de actuación permanente de búsqueda y encuentro de la paz y armonía sociales.

Señora ministra, lea El Quijote, si es que alguna vez lo ha leído, o reléalo -si para Vd. ha caído en el olvido- y recuerde lo que decía Cervantes en boca del Ingenioso Hidalgo: “Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y, así, se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad; y en lo de forzarles que estudien esta o aquella ciencia, no lo tengo por acertado, aunque el persuadirles no será dañoso…”. Aprenda, señora ministra, aprenda, que todo está escrito en nuestra historia…

 

1 Comentario

  1. Buen artículo, gracias.
    Este”señor” pretende entre otras cosas eliminar la libertad de educación.
    Soy apolítica, pero… si tenia alguna duda de a quien votar, ya no la tengo
    No queramos adoctrinamiento ideológico, el gobierno del PSOE y podemos quieren manipular a nuestros niños en materias morales que pertenecen a las familias, no al estado.
    No tengo hijos en edad escolar, pero este tema me removió el alma.
    Deberían ocuparse de las denuncias a centros de menores acusados de abusos.

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