No es Franco, es la libertad religiosa


El prior Del Valle de los Caídos defiende “la inviolabilidad de los lugares de culto “

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Detalle de la carta remitida por el prior a la que ha tenido acceso La Voz de Córdoba.
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Detalle de la carta remitida por el prior a la que ha tenido acceso La Voz de Córdoba.

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera Montenegro, ha contestado, mediante un escrito, a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, la cordobesa Carmen Calvo, a cuentas de la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco. En la misma, Cantera no autoriza el acceso apelando a la libertad religiosa y a la inviolabilidad de los lugares de culto. Lo que vale para la basilica Del Valle de los Caídos o para cualquier Iglesia o Catedral del territorio español.

El religioso lo argumenta jurídicamente en seis puntos.

“Res sacra”

“La sentencia que me anexa se refiere a un procedimiento en el que esta Abadía no ha sido parte y, por tanto, no resuelve alegaciones esenciales planteadas en nuestro recurso y, muy especialmente, la vulneración de la libertad religiosa de esta Comunidad al pretender actuar en un lugar sagrado (Basílica) y sobre una ‘res sacra’ (sepultura), sin la preceptiva autorización eclesiástica”, responde en el primero de los puntos. Y le indica a Calvo que, “como usted bien sabe, los bienes inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz y parte de ellos (entre los que se encuentra la Basílica) fueron cedidos en administración a esta Abadía y el Templo, en particular, consagrado y posteriormente elevado a Basílica Menor por su Santidad Juan XXIII, por lo que su configuración como ‘lugar de culto’ y el carácter ‘res sacra’ de las sepulturas que se encuentran en su interior es indiscutible”.

“Violación de derechos fundamentales”

Un contundente argumentario que, en su segundo apartado, recuerda que “en nuestra demanda alegábamos, en su mayor parte, vulneraciones de derechos fundamentales cuya última palabra, como bien sabe, no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional (máxima autoridad en materia de garantías constitucionales -art. 123 CE-) y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”. De tal modo que “el sometimiento a lo que los Tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el Ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales”.

Inviolabilidad de los lugares de culto

El prior subraya en el tercero de los apartados que “se siguen manteniendo las razones por las que denegábamos nuestra autorización (no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religiosos y morales afectados que motivaron dicha denegación) pero, incluso, en el transcurso del procedimiento administrativo y judicial, se han visto agravadas las razones de nuestra negativa ante el hecho de que, según su tesis, la inviolabilidad de los lugares de culto (y de las cosas sagradas) depende de lo que decida una ley nacional (en este caso, el Real Decreto-Ley 10/2018), lo que es inadmisible, para esta Abadía -y, entendemos que para la Iglesia católica- sin agotar todos los recursos jurídicos a nuestro alcance, tanto a nivel nacional como internacional, al afectar, directamente, a su derecho a la libertad religiosa”.

Sin finalidad legítima

En consecuencia, “si autorizáramos, ahora, la exhumación, no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos -como nos opondremos- a la exhumación -anunciada en los escritos del Estado- de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía”, se subraya en el punto cuarto.

“Esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica”

“Consecuentemente, lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y “res sacra” católicas (que es parte inseparable de nuestra libertad religiosa), le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una “res sacra” (sepultura)”, establece el apartado quinto.

“Respetando nuestra libertad religiosa”

El prior finaliza la misiva ofreciendo a la vicepresidenta del Gobierno que “esta Comunidad religiosa y yo mismo nos ponemos a su disposición para tratar de encontrar una solución a esta situación que, sin duda, es posible, respetando nuestra libertad religiosa y demás derechos implicados”.

CONTESTACIÓN A LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

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