Hasta 44 parcelaciones cordobesas se podrían acoger al decreto-ley de la Junta


Se estiman 8.700 viviendas, aunque hay que ver caso a caso, según explicó el presidente de Urbanismo, quien dijo que se pretende “humanizar el ordenamiento” y simplificar los trámites

Fuentes y Torrico, en la sede del PP. / Foto. LVC
fuentes torrico
Fuentes y Torrico, en la sede del PP. / Foto. LVC

Al decreto-ley de Medidas urgentes para adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares de Andalucía aprobado el martes por la Junta podrían acogerse, en principio, 44 parcelaciones de Córdoba en las que hay 8.700 viviendas aproximadamente. De ellas, 8 parcelaciones están en suelo urbano con 1.900 edificaciones y 36 en suelo urbanizable con 6.800 viviendas. Esto es grosso modo, según explicó este jueves el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, quien quiso dejar claro que habrá que analizar caso por caso y ver cuáles cumplen los requisitos del decreto-ley.

Las ocho parcelas que aparecen en un listado facilitado por Fuentes que están en suelo urbano son El Sol, Valenzoneja, Santa Clara, Higuerón Bajo, El Cruce, Cuevas de Altazar, Santo Domingo y Encinares de Alcolea. Por su parte, las 36 que se encuentran en suelo urbanizable son Porrillas, Quemadas Altas Este y Oeste, Quemadas Bajas Norte y Sur, Quemadillas, Campiñuela Norte y Sur, La Colina, Doña Manuela, Torreblanca, Huerta San Luis-Casillas, Cortijo El Alcaide, La Forja, Castillo de la Albaida, El Castillo, Fontanar de Quintos, La Barquera Sur y Norte, Cortijo El Rubio, La Gorgoja-El Marroquil, El Alamillo Norte y Sur, Ribera Baja, Montón de la Tierra, Los Girasoles, Carretera Encinarejo Km.5, La Rabada, Carretera Encinarejo Km.4,5; Arroyo del Ochavillo, Majaneque Este, Higuerón Oeste y Este, Santa Marta, El Arenal y El Cañuelo.

Salvador Fuentes señaló que “lo que pretende el Gobierno de la Junta es humanizar el ordenamiento urbano en muchas ciudades que hasta ahora suponían un problema, no se pretende legalizar una situación irregular, pero sí había que normalizar esa situación” pues estos asentamientos están en precariedad con “riesgo de seguridad y salubridad de la población afectada”.

Además, se simplifican los trámites con la nueva figura jurídica que permitirá inscribir a inmuebles en el Registro de la Propiedad y acceder a servicios básicos como agua, luz y saneamiento. Con esto se logra un “avance considerable”, aunque la situación no era fácil. “Ha habido decretos de 2012, 2016 y 2018 que han intentado resolver el problema y no lo han conseguido”, dijo Salvador Fuentes, que puso como ejemplo que con la normativa anterior solo se ha dado solución a dos viviendas en Córdoba pues en la regulación “solo había ambigüedades y farragosidad”.

A partir de ahora, en la Gerencia de Urbanismo “empezaremos a pensar en un departamento específico para facilitar la tramitación a los afectados por esta situación, en el momento que nos lo permita las posibilidades de recursos humanos”. Así, el trámite en el que antes se tardaban nueve años ahora va a ser posible en dos como máximo, anunció Fuentes, gracias al decreto-ley. Por otra parte, el presidente del organismo autónomo adelantó que en las ordenanzas fiscales para 2020 se recogerá “una bajada pensando en los AFO -Asimilados Fuera de Ordenación-, que cueste menos dinero normalizar las situaciones”.

Viviendas en suelo inundable

El presidente de Urbanismo también se refirió a las viviendas cuya situación no se puede normalizar porque están en zonas protegidas por tema cultural, como las que hay en el entorno de Medina Azahara; medioambiental, en la Sierra; o estar en parte inundable junto al río Guadalquivir.

Fuentes dijo que en el caso de parcelas en zona inundable como Guadalvalle “no se pueden contemplar aquí”, de manera que “habrá que actuar y sabemos que hay viviendo allí afectados y si no tienen otro techo donde dormir no los voy a echar a la calle, habrá que buscarles soluciones bien por Vimcorsa o Asuntos Sociales.

En esto fue contundente Fuentes “Hay que actuar como sea y aquí ni me voy a quedar de brazos cruzados ni voy a rezar para que no llueva, voy a obrar en consecuencia sin perseguir a nadie porque tengo que buscarle soluciones al que no tenga otro techo, pero el que esté traficando con ese suelo y vendiendo sabiendo que es zona inundable voy a ir a por él”. Así, Fuentes se compromete a una inspección.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, quiso destacar que ha sido “una consejería del PP es la que ha impulsado esta medida” que va a suponer “el principio de la solución que afectaba a miles de familias, gente que en su vivienda están en unas condiciones que no son las más adecuadas para la habitabilidad”.

“Con este decreto-ley se pone fin a años de caos jurídico y urbanístico, regulaciones contradictorias y reformas sobre reformas que nunca ponían una solución real”, precisó, si bien quiso dejar claro que “no se trata de una legalización de casas, ni una amnistía, sino de un reconocimiento de una situación ya existente, de irregularidad de una vivienda sobre la que ya no se puede actuar, pero con el AFO pueden inscribir los inmuebles en el Registro de la Propiedad y acceder a los servicios básicos”.