Juzgan hoy a 22 personas por fraude a la Seguridad Social


Simularon contratos inexistentes con el objetivo de percibir subsidios de desempleo desde el año 2010 al 2014 por casi 159.000 euros

Ciudad de la Justicia de Córdoba / Foto: LVC fraude
Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Foto: LVC

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba prevé celebrar este jueves 13 de junio un juicio contra 22 personas y una entidad acusadas de delitos de fraude a la Seguridad Social, tras supuestamente simular contratos inexistentes con el objetivo de percibir subsidios de desempleo desde el año 2010 al 2014 por casi 159.000 euros. La Fiscalía ha pedido penas que oscilan entre los tres años y los nueve meses de prisión.

Ciudad de la Justicia de Córdoba / Foto: LVC fraude
Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Foto: LVC

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, uno de los procesados, “con la finalidad de defraudar a la Seguridad Social obteniendo diversas prestaciones por desempleo”, presuntamente concibió la idea de que a través de una empresa de la que era propietario al 99 por ciento y siendo administrador único “simular distintos contratos de trabajo” a diferentes personas.

Como consecuencia de ello, dichas personas obtuvieron el abono de las diversas prestaciones por desempleo previstas en la legislación tras haber cotizado a la Seguridad Social, “como empleados de una empresa que realmente no tenía actividad laboral alguna”.

De este modo, “se concertó con el resto de los acusados”, desde la creación de la empresa en septiembre de 2009 hasta el día 23 de abril de 2014, fecha en la que la Inspección de Trabajo levantó acta por “infracción muy grave”, según detalla la Fiscalía.

Al respecto, llegaron a percibir las prestaciones por desempleo “de manera indebida” por periodos que iban desde entre unos meses a dos años en algún casos, con cantidades que rondaban para la mayoría los 426 euros mensuales. El dinero defraudado alcanza 10.039 euros y 8.946 euros en varios casos.

En concreto, el Ministerio Público ha pedido para el principal procesado una pena de tres años de cárcel y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social con su entidad durante un periodo de cinco años; mientras que para cada uno de los restantes acusados solicita nueve meses de prisión.

De la cantidad defraudada por las prestaciones, unos 158.801 euros, a finales de agosto de 2016 ya habían sido devueltos más de 105.000 euros.

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