Rechazo del PP al cerrojazo a las viviendas turísticas que acusa al PSOE de “cobardía”


Luis Martín y Salvador Fuentes.
Luis Martín y Salvador Fuentes. /Foto: JC

El Partido Popular, al igual que hiciera en julio pasado, ha vuelto a mostrar su rechazo a la intención del presidente de la Gerencia, Pedro García, de pegar un cerrojazo a las licencias a las viviendas turísticas en el entorno de la Mezquita-Catedral, la Ribera y la Corredera.

Luis Martín y Salvador Fuentes. viviendas
Luis Martín y Salvador Fuentes. /Foto: JC

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha señalado que esta propuesta se ha presentado como un “golpe de efecto electoralista” a debatir en un consejo rector de la Gerencia de Urbanismo que se celebra en viernes, cuando este órgano se reúne tradicionalmente los miércoles. Además, el documento de innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico en el que se contemplan estas medidas cautelares se presenta a votación sin consensuar, no sólo con la oposición, sino con sus socios de gobierno, el PSOE, que ha anunciado que no asistirá a la sesión.

Para Fuentes, esta actitud de los socialistas “es un gesto de cobardía impropio de una alcaldesa” al “tirar la toalla sin decir lo que piensa”. Con la ausencia del PSOE, la aprobación de esta propuesta de García depende del voto de Ciudadanos, cuyo representante votó en contra cuando este asunto de debatió en julio pasado.

Desde el PP se ha mostrado su rechazo a la suspensión de licencias a viviendas turísticas, porque “no se puede generar más inseguridad jurídica con un gobierno que se va peor de como entró”. Además, Fuentes ha esbozado que esta medida podría incurrir en prevaricación y ha recordado que el alcalde de Palma de Mallorca está procesado “por una causa muy parecida”.

Por su parte, el concejal Luis Martín ha señalado que en la reunión de mañana del consejo rector de Urbanismo “se va a demostrar que el PP sí defiende el interés general, el sentido común”, porque “el PSOE es un partido cobarde que se esconde en una agenda para no defender la seguridad jurídica para el desarrollo económico y social de Córdoba”.

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