Una sentencia condena al Ayuntamiento a pagar más a los porteros de colegios


El sindicato CGT ha informado de que ha ganado una sentencia por la cual se obliga al Ayuntamiento a pagar a los porteros de los colegios lo mismo que a los ordenanzas, tal y como se recoge en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que iguala ambas categorías laborales. Además, el fallo salarial condena al Consistorio a abonar la diferencia económica desde 2015.

Los servicios jurídicos de CGT interpusieron demandas judiciales por la vía contencioso-administrativa a petición de un grupo de porteras de colegios, que son afiliadas a este sindicato, para exigir la actualización de su nómina, como establecía la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en enero de 2015, que igualaba la categoría de portero/a a la de ordenanza, y al abono de las diferencias con carácter retroactivo desde que se aprobó esta RPT.

El Ayuntamiento de Córdoba, según ha informado CGT, se opuso a esta pretensión de actualización en el mismo juicio celebrado, “alegando diversas justificaciones para conseguir una sentencia contraria a reconocer este derecho”.

Finalmente, la primera sentencia judicial dictada por el juzgado “reconoce el derecho de nuestra afiliada, portera de colegio, a que se actualice su nómina como se establece en la Relación de Puestos de Trabajo, igualando las retribuciones a las de ordenanza, y a abonar la diferencia económica dejada de percibir desde el año 2015, así como condena al Ayuntamiento de Córdoba a correr con las costas del juicio”.

Desde CGT se señala en un comunicado que “es una satisfacción haber conseguido que se haga justicia, y que lo que se ha venido negando durante cuatro años a las y los porteros del Ayuntamiento de Córdoba por el gobierno municipal, se haga una realidad a través de esta sentencia judicial”.

Desde el sindicato CGT se pedirá al Ayuntamiento de Córdoba que esta sentencia “se extienda a todos los porteros del Ayuntamiento de Córdoba, que se actualicen todas las nóminas y se paguen las diferencias económicas desde el año 2015”.

Desde este sindicato se afirma que “viendo que se pasaban los cuatro años que tenían para poder reclamar este derecho a ser retribuidas como establece la RPT, debiéndose igualar a la categoría de ordenanza, así como al abono de las diferencias de esos últimos años, y que si no lo hacían de inmediato, se perderían todos los derechos a la reclamación, decidieron en el mes de octubre del pasado año, presentar el correspondiente recurso administrativo ante el Ayuntamiento”, obteniendo el silencio administrativo como respuesta. Ante esta actuación del Ayuntamiento, interpusieron la correspondiente demanda judicial, cuya sentencia se ha conocido ahora.

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