El PP alerta de dudas legales sobre la compra de los buses de Aucorsa


Fuentes denuncia "una duplicidad de facturas en las dos instituciones, que la Intervención va a poner en manos de los servicios jurídicos por si fuera delito"

La compra de la última remesa de buses para Aucorsa no está nada clara, como ha denunciado el PP a la vista de tres informes de la Oficina de Control Presupuestario y de otro de la Intervención que, incluso, remite el asunto a la Asesoría Jurídica por si fuera constitutivo de delito. El viceportavoz popular, Salvador Fuentes, ha señalado que estos hechos demuestran que ha existido “un abuso de facultades del gerente que no le son propias”, con la emisión de unas certificaciones “que están bajo sospecha”. Por ello, este edil señala como responsable de esta situación a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, por estar enfrente de un gobierno que parece “el ejército de Pancho Villa”.

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Salvador Fuentes. /Foto. JC

Los hechos desvelados pro Fuentes hacen referencia al proceso de adquisición de una veintena de autobuses a gas por importe de 5,6 millones de euros que se financiaban gracias a las denominadas inversiones financieramente sostenibles. El 15 de diciembre del pasado año aprobaba la Junta de Gobierno Local la compra de estos 22 autobuses, con lo que la operación quedaba ya cerrada. Pocos días después, concretamente, el 9 de enero, el gerente de Aucorsa, Juan Antonio Cebrián, “solicitaba telemáticamente a la Agencia Andaluza de la Energía una subvención de 1,3 millones de euros” y el 22 de febrero le comunican que está concedida.
Ante estas situación, Fuentes señala que “aquí hay una sobrefinanciación que no se comunica ni a la Agencia Andaluza de la Energía ni al Ayuntamiento”, además de que en la solicitud de la ayuda Cebrián señala que “Aucorsa cumple los requisitos y que no ha solicitado otra subvención, cosa que es totalmente falsa porque ya tenía la financiación con las inversiones financieramente sostenibles”.
El viceportavoz popular afirma que la interventora municipal califica este hecho de “totalmente irregular”, por existir “una duplicidad de facturas en las dos instituciones, que la Intervención va a poner en manos de los servicios jurídicos por si fuera delito”.