Las claves del documento sobre la Mezquita-Catedral


Isabel Ambrosio presenta hoy las conclusiones de la comisión que desde hace más de un año busca cómo atacar la titularidad del primer templo

Con la solemnidad propia de los grandes actos municipales, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, presentará hoy a las 11:30 en la sala de Comisiones las conclusiones que desde junio de 2017 ha elaborado una comisión presidida por Federico Mayor Zaragoza para decidir qué va a hacer el Ayuntamiento sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral. En esta comisión estuvo hasta hace tres meses la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y también forman parte de ella los medievalistas Juan Bautista Carpio y Alejandro García.

Isabel Ambrosio y Federico Mayor Zaragoza. comisión mezquita
Isabel Ambrosio y Federico Mayor Zaragoza. /Foto: LVC

Mayor Zaragoza no usó de ambigüedad alguna en la presentación de la comisión a la hora de señalar que su objetivo era atacar la inmatriculación a nombre de la Iglesia Católica, su legítima propietaria desde el siglo XIII, para “volver a la situación anterior, que era excelente, de una convivencia perfecta y ejemplar de católicos y musulmanes”. En esta línea se ha mantenido el mensaje de Ambrosio en todo este tiempo, al afirmar que “hay que volver a la situación anterior a 2006”, que fue la fecha de la inmatriculación. Aunque desde el gobierno municipal se intenta magnificar ese hito lo cierto es que en este año nada cambió respecto a la Mezquita-Catedral, ya que, antes y después de la inmatriculación, las llaves del templo no han cambiado de bolsillo.
Otro mantra repetido por quienes abogan por quitar a la Iglesia la propiedad de la Mezquita-Catedral es el de la “gestión compartida”. Conocedores de la dificultad que entraña el cambio de la titularidad buscan la presión a la Iglesia, incluso por la vía del sentimentalismo, de que la gestión del templo no puede estar en unas únicas manos y que tiene que ser compartida, una situación extraña, en extremo complicada y cuyos escasos antecedentes no son en absoluto recomendables.
La pretensión tantas veces repetida de la alcaldesa de volver a la situación anterior a 2006 busca crear en la mente de los menos versados en la materia la imagen de que antes de esa fecha el templo pertenecía a “lo público” y la Iglesia sólo lo tenía en uso. Aparte de la sólida realidad jurídica no hay más que repasar los convenios firmados hasta ese momento por ministerios, consejerías y distintos equipos de gobierno municipales para comprobar que todos ellos, sin excepción, reconocían a la Iglesia como propietaria de la Mezquita-Catedral.
Este dato hay que ligarlo con otro no menos importante como es que tanto el Gobierno de la nación como el Ayuntamiento han reconocido por escrito que el monumento no ha formado nunca parte de sus inventarios de propiedades. De esta forma, como reconocer el informe de la Asesoría Municipal, no se puede acudir a los tribunales para atacar la inmatriculación; es decir, para quitarle a la Iglesia su propiedad ya que el juicio estaría perdido de antemano y, además, habría que pagar las costas. Resulta obvio recordar aquí que la Junta tampoco podría agarrarse a este proceso.
La siguiente clave, que es la económica, hay que entenderla en un contexto nacional. Lo que en Córdoba muchos llaman como “meter la mano en el cajón” como fin último de esta polémica, forma ya parte de una estrategia de los movimientos laicistas que hay en España y que buscan freír a impuestos a la Iglesia Católica y sólo a la Iglesia Católica, y no al resto de ONG, fundaciones, partidos políticos y sindicatos que se acogen a los mismos preceptos para no tributar.
Este punto hay que ligarlo con el anuncio realizado por el Ministerio de Justicia de publicar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1996. Dichos movimientos laicistas no se ocultan ya en promover que todos ellos sean expropiados para que pasen a “lo público”.

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