La alcaldesa deja solo a García con la suspensión de licencias


Coinciden así, aunque por distintas razones, con los portavoces de todos los grupos municipales, salvo Izquierda Unida

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Hotel en el casco histórico cordobés./Foto: LVC

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), han coincidido este jueves en oponerse a la moratoria, para usos turísticos y otros distintos al residencial, que quería aplicar durante un año, en una parte del casco histórico de Córdoba y como medida cautelar, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU).
Ambrosio ha afirmado que “no es el momento de establecer una anulación de todas y cada una de las licencias urbanísticas, ya sean para equipamientos hoteleros, para apartamentos turísticos o para viviendas que quieran pasar a formar parte de esa oferta turística que pueda tener la ciudad de Córdoba”.
Las razones para ello, “entre otras”, según ha argumentado, se apoyan en el hecho de “no es una competencia exclusivamente municipal”, pues, para “ese distinto uso al actual debe existir una colaboración y un entendimiento entre el Ayuntamiento y la propia Consejería”.
Tampoco es adecuada dicha moratoria, según ha añadido, “porque estas cuestiones hay que medirlas en el tiempo”, ya que “no sería lógico iniciar un trámite que seguramente no va a concluir a finales de este mandato y que va a ser una tarea que se va a encontrar el próximo gobierno (municipal), a partir de mayo de 2019”.
Sobre este asunto, según ha precisado la alcaldesa, “hay que establecer un equilibrio y eso es lo que hemos pedido, dejar sobre la mesa una cuestión tan sensible como esta”, sobre todo por una cuestión de tiempo y “por delimitación”, pues pueden haberse “quedado fuera algunos barrios de la ciudad que forman parte también de nuestro casco histórico y que pueden” resultar también “sensibles a este situación que se está modificando”.
Por eso, según ha insistido, “es el momento de dejar sobre la mesa” la moratoria planteada, como medida cautelar previa una modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) para proteger el uso residencial frente al turístico, y así “establecer un periodo de tiempo en el que podamos analizar hacia donde puede caminar la oferta turística que tiene la ciudad de Córdoba”, pues, lo que “no se puede es penalizar a todas y cada una de las actividades que puedan funcionar en el casco histórico”.

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