"Desbordamiento y colapso" en los juzgados de Primera Instancia


El presidente de la Audiencia Provincial destaca "el esfuerzo heroico de jueces y la voluntad y trabajo de los funcionarios cualificados"

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, ha advertido este miércoles del “desbordamiento y colapso” de los juzgados de Primera Instancia de la capital, que “tienen una carga doble de la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima como razonable”, con una media de 1.771 asuntos cada uno de los ocho juzgados que abordan diversas materias. En una rueda de prensa para presentar la memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2017 en relación con la provincia, el magistrado ha elogiado “el esfuerzo heroico de jueces y la voluntad y trabajo de los funcionarios cualificados”.
Francisco Sánchez Zamorano.
Francisco Sánchez Zamorano. /Foto: EP

Ante ello, ha detallado que “harían falta dos juzgados más de Primera Instancia en la capital”, además de tres plazas para Familia, Mercantil y Social, mientras que el Juzgado de Guardia de 24 horas es “un compromiso de todos”, que espera que antes de verano se ponga en marcha.
En relación a los nuevos jueces, cree que hacen falta un magistrado más para la Sección Civil de la Audiencia y dos magistrados para las secciones penales que no sean en comisión de servicio, al tiempo que ha advertido de que “las plantillas de funcionarios de los juzgados están infradotadas, parecidas a las que tenían hace tres o cuatro décadas”.
Por todo, Sánchez Zamorano ha lamentado que “siguen latentes los males que siguen aquejando a la justicia desde hace unos años y que no se han acometido a fondo”, a lo que ha agregado que “el sistema es obsoleto, porque no se han acometido las reformas”.
Al hilo de ello, ha apuntado que “el tema de la nueva oficina judicial todavía no acaba de arrancar”, cuando, en sus palabras, “sería muy beneficioso para la respuesta que la justicia tiene que dar al ciudadano”. Si bien, ha destacado “la voluntad de la Junta para ponerla en marcha ya, aprovechando la Ciudad de la Justicia”, que “está diseñada para su funcionamiento”, ha apostillado, para indicar que “hay algunas dificultades que se irán limando con el tiempo” y espera que “más pronto que tarde sea una realidad”.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Respecto al tema de la violencia de género, el presidente de la Audiencia ha informado de que se han recibido 1.803 denuncias, interpuestas directamente por la víctima, de las que “el 7% de las denunciantes renunció a continuar con el proceso”, a lo que ha agregado que “hay una disminución de mujeres que renuncian a continuar con el procedimiento”.
En concreto, en 2017 ha habido en Córdoba y provincia 2.567 asuntos, de los que 1.779 pertenecen al juzgado de la capital y 788 al resto de la provincia; se han adoptado 322 órdenes de protección a las víctimas, lo que ha supuesto “un relevante incremento” sobre el año 2016, con 239, a la vez que se han denegado 110 órdenes de protección, y el porcentaje de sentencias condenatorias fue del 42%, con 106 sentencias, de las que 64 fueron absolutorias y 42 condenatorias.
Según ha precisado, “el grueso de los asuntos derivan de denuncias de familiares y atestados policiales”, al tiempo que ha señalado que “los asuntos han aumentado ligeramente en Córdoba y provincia”.
Entretanto, ha comentado que hace años se planteó “la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer para especializar aún más”, pero “es imposible hacerlo en la provincia y la única posibilidad sería crear un juzgado más junto al que existe en Córdoba”, de forma que “hubiese dos juzgados que tendrían un nivel de asuntos bastante aceptable”. Así, ha aconsejado “atajar esta lacra social con todos los medios, no solo en lo judicial, porque hay también problema educativo”.

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a las infraestructuras, sobre el Palacio de Justicia de Lucena, Sánchez Zamorano ha asegurado que está “en vías de solución”, de manera que “para antes de final de verano habrá un proyecto de edificación presentado y seguramente para antes de final de año se sacarán a licitación las obras”.
También, ha valorado que “el año pasado se puso en marcha la mediación intrajudicial civil”, que “todavía tiene escasos resultados, pero hay datos que permiten ser optimistas al pasar de diez derivaciones en 2017 a 49 ya este año”, a la vez que ha resaltado la creación del Juzgado de Primera Instancia número 11, dedicado al tema de las cláusulas suelos.
Mientras tanto, ha afirmado que “los procedimientos concursales han descendido”, a lo que ha añadido que el Juzgado de lo Mercantil registró 387 asuntos en 2016, frente a los 457 de 2017, aunque ha puntualizado que “se ha disminuido la carga, porque se han resuelto 956 asuntos”. Y sobre los juzgados de lo Penal y lo Contencioso ha dicho que “funcionan razonablemente bien”.
Igualmente, el presidente de la Audiencia ha avisado de “la excesiva carga” en los juzgados de Lucena, Posadas y Priego de Córdoba en materia Civil. Y en los juzgados de Cabra y Montoro está “pendiente la implantación el servicio común de notificaciones”, algo que “dificulta mucho y justifica los atrasos”.
En cuanto a las nuevas tecnologías, considera que “hay que ser moderadamente optimistas en la presentación de escritos por Lexnet”, aunque “la firma y el expediente digital todavía hay que perfeccionarlos”, ha aseverado, entre otros puntos que ha abordado.

LAS MACROCAUSAS

Sobre las macrocausas en los juzgados, ha informado de que en el Juzgado de Instrucción número 1 se siguen dos causas por delito de contrabando, una con 60 y otra con 70 investigados; en Instrucción número 2, una causa con más de cien investigados y 50 empresas por delitos contra la Hacienda Pública; en Instrucción 6, una causa con 125 investigados por un delito contra la Seguridad Social; en Instrucción número 7, una causa de fraude y estafa a la Seguridad Social con 460 investigados,
Y en Instrucción número 8, se investigan varias macrocausas, una de ellas sobre los cursos de formación con posibles delitos de prevaricación y malversación, con once investigados, y otras dos por fraude a la Seguridad Social, una con 83 investigados y la otra con 74, así como otra más con 43 investigados por falsedad, estafa, organización criminal y tenencia ilícita de armas.

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