El ambiente se caldea en el Consorcio de Bomberos


La Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos no fue nada tranquila. En el ambiente, como no podía ser de otra forma, planeaba el Auto de Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que imputa a la número 2 del PSOE cordobés, Dolores Amo; al gerente de Consorcio, Juan Carandell, y a otras personas por un posible amaño de las oposiciones para cubrir 54 plazas de bombero-conductor. Pero además de este asunto estaba también sobre la mesa el relevo en la presidencia de dicha junta, algo que no se dirimió de forma tranquila, según ha podido saber este periódico.

Antonio Ruiz, Dolores Amo y Juan Carandell. bomberos consorcio oposiciones
Antonio Ruiz, Dolores Amo y Juan Carandell. /Foto: LVC

Por si fuera poco, también estaba en el orden del día los asuntos acordados en las distintas mesas de negociación y que aún no se han materializado, lo que ha generado un gran malestar entre los bomberos de la provincia. El punto más destacado en la implantación en el Consorcio de la categoría laboral C1, de lo que se beneficiarían los trabajadores que cuenten con los requisitos administrativos para llegar a ello. Sobre esto, cuatro sindicatos representativos en el Consorcio van a convocar una protesta ante el Palacio de la Merced que tendrá lugar el próximo 26 de abril para presionar al presidente de la Diputación, y también del Consorcio, para que haga efectivo el acuerdo firmado en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 9 de febrero y que contempla la creación del nivel C1.
Los bomberos de la provincia no se quieren ver salpicados por el escándalo del presunto amaño de las oposiciones y por ello aprovecharán la protesta para reivindicar la profesionalidad de su trabajo así como “su entrega a la ciudadanía para atenderla en las situaciones de urgencia donde se requiera nuestra presencia” y así lavar la imagen del colectivo de las salpicaduras provenientes de los hechos relatados en el Auto judicial.
Por último, hubo un momento de tensión cuando se le recordó al presidente de esta Junta de Personal, Manuel Fernández, de UGT, que se había cumplido su tiempo en el cargo y que debía cederlo a un compañero de CCOO, como estaba contemplado para el periodo 2015-2019 y como ocurrió del mismo modo entre 2011 y 2015 entre Sibcc y CSIF. Otro argumento para el relevo era el de estar imputado en el Auto judicial, pero no facilitó la labor a sus compañeros, por lo que se aprobó la presentación de una moción de censura que se presentará el próximo 24 de abril.

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