¿Cómo actúan otras ciudades frente a los pisos turísticos ilegales?


Mientras en otras ciudades se actúa ya contra el intrusismo, en Córdoba se ha abierto un debate para decidir las medidas a tomar

El concejal de Turismo, Pedro García, anunciaba el pasado día 3 de abril la puesta en marcha de un proceso para decidir qué hacer en Córdoba con los alojamientos turísticos ilegales. Señaló que habría un primer encuentro con el Consejo del Movimiento Ciudadano y después otro con la patronal CECO para culminar con una reunión del consejo asesor del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) “para analizar los datos en frío”. A esta medida del Ayuntamiento se suma la reunión celebrada justo antes de Semana Santa entre la directiva de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) con el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo, para solicitar una mayor participación policial en la lucha contra el intrusismo en el sector.

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Grupo de turistas. /Foto: LVC

Mientras en otras ciudades ya se actúa contra este fenómeno que ha proliferado de forma considerable en los últimos años y que ha alterado el mercado turístico, en Córdoba se critica la situación pero de momento no se toman medidas contra “una actividad económica que no paga nada”. La realidad es que, según un informe de Exceltur, en las 22 ciudades más turísticas de España hay más oferta en apartamientos irregulares que en plazas hoteleras. En algunos lugares esto ha llevado aparejada la aparición de otro fenómeno, denominado turismofobia, que ha sido alentado por formaciones políticas de izquierda extrema alegando la denominada gentrificación, consistente en la expulsión de un ámbito de la población habitual.
La regulación de este cambio habido en el sector no se ha realizado aún ni por el Ministerio de Fomento y Turismo ni por las comunidades autónomas. Sólo algunos ayuntamientos han tomado iniciativas individuales que van desde la indiferencia al cerrojazo total a cualquier tipo de alojamiento turístico, sea legal o no. Barcelona es una de las ciudades que con más contundencia han actuado y en sólo un año han instruido más de 6.000 expedientes de los que un millar han terminado en la clausura de la actividad.
El Ayuntamiento de Sevilla, una de las ciudades más afectadas por este fenómeno, ha decidido actuar con contundencia contra los alojamientos turísticos ilegales. Allí, la Gerencia de Urbanismo ha comenzado a advertir a los propietarios de estas viviendas para que legalicen su situación. Para lograr este cometido se ordena el corte de los suministros de luz y agua hasta que la vivienda en cuestión esté dada de alta, para lo que se le da un plazo de dos meses. Estas medidas se complementan con unas sanciones, con las que concluye el expediente, que van de los 600 euros a los 120.000.
 

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