El cambio del callejero se abordará en el próximo Pleno


La Comisión Permanente de Presidencia y Gobierno Interior dictaminará en su reunión del próximo lunes el dictamen elaborado por la Comisión Municipal de Memoria Histórica en el que, entre otras cuestiones, se propone el cambio de nombre de 15 calles por el Ayuntamiento y de las que tres de ellas se encuentran en el epicentro de una polémica tanto política como social. La intención es que este asunto vaya al Pleno que celebrará la Corporación el 13 de febrero.

Plaza de Cañero. cambio
Plaza de Cañero. /Foto. LVC

Aunque el dictamen contó con un respaldo unánime de los miembros de la comisión a la mayoría de sus propuestas, el cambio de la calle Cruz Conde, Conde de Vallellano y plaza de Cañero han originado la controversia al argumentarse que no son suficiente sólidos los argumentos para su eliminación en base a una interpretación extensiva del artículo de la Ley de Memoria Histórica. Asociaciones de vecinos y comerciantes de las zonas afectadas se han manifestado ya públicamente y han expuesto su rechazo a que se consume tal medida.
De forma paralela al dictamen de la Comisión de Memoria Histórica, la Comisión Permanente de Presidencia abordará también la solicitud realizada por el Grupo Popular de celebración de “una consulta popular local” sobre el cambio de estas tres calles mencionadas, así como las de José María Pemán y Cronista Rey Díaz, una solicitud que cuenta con el respaldo de un informe jurídico elaborado por el secretario general del Pleno. Sobre la arteria dedicada al escritor gaditano existe el dato de que fue, al igual que la plaza de Cañero, rotulada por acuerdo de una Corporación democrática. Esta solicitud del PP encaja con la pretensión manifestada por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de buscar la unanimidad en el momento en que se vote este asunto en el Pleno.
El último colectivo en manifestar en contra del dictamen de la Comisión de la Memoria Histórica ha sido el de los comerciantes agrupados en Centro Córdoba. En un comunicado muestran su rechazo, entre otras cuestiones, al daño que ocasionaría al tejido comercial “así como el coste de oportunidad de perder el posicionamiento que actualmente tiene la actual denominación”, además de suponer un quebranto económico que podría llegar a los 4.000 euros por comerciantes.

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