40000 euros de indemnización por "irregularidades" en una adjudicación


José María Bellido ha aportado hoy información sobre una indemnización que el ayuntamiento tendrá que pagar a una empresa a la que "le quitaron sin motivo la adjudicación del mapa de ruidos"

“Es la tercera vez que pedimos la dimisión de Pernichi pero es que entendemos que alguien tiene que asumir aquí responsabilidades alguna vez, es una sobre otra”. Así se ha expresado hoy José María Bellido al informar de los 40.0000 euros que un juez ha obligado a pagar al ayuntamiento en concepto de indemnización a la empresa EMASIG “porque era la que tendría que haber resultado adjudicataria del contrato del mapa de ruidos en lugar de SINCOSUR”.

DD92EA4A 8FAE 43E9 8DFA F2C9BCB21D30
Adjudicación en Junta de Gobierno Local./Foto:LVC

Pero Bellido ha aportado aún más información. “El asunto es grave porqué no se trata sólo de una posible adjudicación irregular a una empresa con respecto a otra. Aquí lo grave es que el gobierno de José Antonio Nieto en diciembre de 2013 adjudicó a EMASIG, la empresa que el juez dice que es la que lleva razón, este contrato y el gobierno de Ambrosio se lo ha quitado y se lo ha dado a otra que encima resulta que no se lo tenía que haber llevado”.
Según los datos aportados por el edil popular, en diciembre de 2015 “el casi recién estrenado equipo de gobierno de Isabel Ambrosio, estimó un recurso de reposición contra la adjudicación que se hizo a EMASIG y se lo adjudicó a SINCOSUR, que por cierto el PP en el gobierno municipal excluyó en su momento porque no cumplía y se ha demostrado que teníamos razón”.
José María Bellido.
José María Bellido. /Foto: JC

Lo más triste de esto, añade Bellido es que “estamos en enero de 2018  y después de 4 años, de 40.000 euros de indemnización y de la intervención de un juez, nos encontramos en el mismo punto que en diciembre de 2013. Bajo nuestro punto de vista, la alcaldesa Isabel Ambrosio tiene  que asumir su responsabilidad y no echar balones fueras. No es un error en una adjudicación, ha sido un empecinamiento en quitárselo a la que lo tenía para dársela a otra y luego tener que rectificar porque lo diga a un juez y encima indemnizar con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y para los bolsillos de los cordobeses”.