Nuevo revés al Palacio de Congresos

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El TSJA da la razón a la Junta y desestima el recurso de Aldesa sobre el Palacio de Congresos

Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Tragsa
Palacio de Congresos de la calle Torrijos. /Foto. LVC

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado en contra de Aldesa Construcciones SA, en el recurso contencioso administrativo que esta firma había interpuesto contra la decisión de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba de desestimar la solicitud de Aldesa para ampliar el plazo de ejecución y de reclamaciones económicas, y por la que se ordenaba la inmediata puesta en marcha y finalización de las obras de rehabilitación, mejora y adecuación del Palacio de Congresos de Córdoba.
En declaraciones a Europa Press, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba, Manuel Carmona, ha explicado que en esta sentencia, además, también se le desestima a Aldesa la impugnación de la resolución por incumplimiento y liquidación del contrato.
Carmona se ha felicitado por el fallo y ha señalado que la Junta de Andalucía se vio obligada a rescindir el contrato de obras suscrito con Aldesa “ante los graves incumplimientos” por ésta en el desarrollo de los trabajos en el Palacio de Congresos. De hecho, “la paralización de la obra por causas imputables a esta empresa, cómo ha sentenciado el TSJA, ha causado graves perjuicios al sector de la industria congresual cordobesa y, ante esta situación la Junta no tenía otro camino que rescindir el contrato”.
Ello significó, ha recordado Carmona, “tener que poner en marcha un procedimiento largo y complejo al que han dado su respaldo el Gabinete Jurídico de la Junta, el Consejo Consultivo de Andalucía y ahora finalmente la Justicia, ratificando y sentenciado favorablemente la decisión adoptada por la Delegación Territorial y respaldando todo el desarrollo procedimental llevado a cabo por el Servicio de Comercio”.
A pesar de toda esta complejidad, “las obras paralizadas han podido reanudarse y finalmente el Palacio de Congresos podrá volver a albergar actividad congresual y expositiva”, ha finalizado el responsable territorial.
Entre las principales cuestiones que se argumentan en la sentencia están, que en el contrato de obras de rehabilitación, mejora y adecuación del Palacio de Congresos de Córdoba no estaba incluido el contrato de obras complementarias, ni el contrato de suministro para la sustitución de equipos de climatización, habiendo sido adjudicados de forma independiente y distinta del contrato principal, por lo que no es posible considerarlos como si fuera un único contrato de obras, como pretendía Aldesa, para determinar el cumplimiento del contrato principal y la liquidación del mismo.
De igual forma, se habla también de la demora en el cumplimiento de los plazos de ejecución y se pone de manifiesto un informe de la Dirección Facultativa, que no ha sido contradicho por prueba alguna, según la sentencia, y que afirma que la obra no se desarrollaba con la regularidad adecuada, ni los medios humanos y materiales precisos para llevar el ritmo y cumplimiento de plazos comprometidos, no habiendo aplicado la constructora el doble turno al que inicialmente se comprometió, y que los trabajos estuvieron prácticamente paralizados, debido a los desacuerdos económicos con las subcontratas, que determinaron que éstas fueran ausentándose de la obras.
La sentencia también hace referencia a que cuando se acuerda el inicio del procedimiento de resolución del contrato, el 6 de agosto de 2015, se había cumplido ya el plazo de ejecución, que finalizaba el 30 de junio de 2015, y no se había ejecutado gran parte del contrato principal, habiendo quedado acreditado que el retraso en la ejecución no es imputable a la Administración, sino al incumplimiento del ritmo de trabajo por la empresa. A esto añade que ha quedado igualmente acreditado, haberse superado el límite del 60 por ciento de subcontratación de la obra, entre lo ejecutado y la previsto ejecutar mediante subcontratación; así como el incumplimiento respecto de las mejoras ofertadas.
Con todo, esto el fallo, contra el que se puede presentar un recurso de casación, señala que no es posible el reconocimiento de indemnización alguna por resolución imputable a la Administración reclamada y tampoco puede reconocerse importe alguno por sobrecostes derivados de la ampliación del plazo de ejecución.

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