Más de 800 cordobesas maltratadas tienen protección policial

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23 mujeres de 800 son menores de edad. Cerca de 197 son las mujeres cordobesas que utilizan AtenPro, el sistema de localización que garantiza a la población femenina estar protegidas.

Cerca de 895 mujeres cordobesas cuentan en Córdoba con protección policial activa por agresión contra su presunto maltratador, una cifra que supone 8 mujeres menos que el año pasado. Respecto a esta cifra, 23 mujeres son menores de 18 años, de las cuales 1 de ellas se encuentra en riesgo extremo, 7 de ellas en alto riesgo, 97 en riesgo medio y el resto de ellas en riesgo bajo. El nivel de protección va en sintonía con el grado de riesgo que tengan las mujeres, independientemente de ello “estarán protegidas con atención directa las 24 horas del día”, aclara Marián Aguilar, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género. Durante este año se han llevado a cabo 860 denuncias, frente a las 777 del año pasadoLas Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad del Estado de 28 municipios cordobeses se han adherido a este operativo de protección. 

197 son las mujeres cordobesas que utilizan AtenPro, el sistema de localización que garantiza a la población femenina el estar protegidas y que lleven una calidad de vida en su día a día ante los agresores. Este año se ha detectado 122 agresores cordobeses, de los cuales 13 no están activos. “El perfil de los agresores ha cambiado, ahora también son adolescentes los agresores”, subraya Marián. Durante 2017 se han detenido a 505 hombres con motivo de haber cometido algún delito de violencia de género. 

Juan José Primo Jurado y Marián Aguilar presentan el programa de protección policial contra el maltrato.

En concreto, en la prisión de la capital cordobesa hay 242 internos que cumplen condena por delitos de violencia de género, de los cuales 55 han participado, de forma voluntaria, en programas de rehabilitación que pone en marcha el Ministerio de Interior con un año de duración. De hecho, de los internos que han pasado por este curso, el 15% de ellos han admitido reisidencia, mientras que el 70% de ellos no lo han hecho.
La principal causa de que haya una cifra “tan baja” de internos que no han participado en este programa se debe a que “no han reconocido el daño que han hecho a la víctima”, según explica Marían Aguilar. Este programa ha llevado a cabo un curso en el que se ha trazado una línea psicológica con terapia grupal, con el objetivo de que reconozcan el daño que han hecho a la víctima, “proponiéndoles situaciones difíciles para que se den cuenta de lo que han hecho y que se genere un cambio de actitud y empatía”, explica Marián Aguilar.  Los internos que pasan por este curso 15% de reisidencia y un 70% no lo han hecho.
Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno en Córdoba, hace hincapié en que desde la Subdelegación de Defensa “nos preocupa el dato de que sean 23 chicas menores y que un 33% de los adolescentes no identifiquen los comportamientos de control sobre ellas como un símbolo de maltrato”, ya que “fomentar la educación global e integral de una sociedad democrática es la base para acabar con esta lacra”. A razón de ello, el subdelegado asegura que “estamos trabajando en fomentar las charlas escolares” mediante el Plan Director en centros educativos de la provincia cordobesa, “cada año hay más colegios integrados en el plan”,  ya que el año pasado había 77 colegios adheridos y en este año hay 250 colegios que reciben formación contra el maltrato.
Primo Jurado subraya que “la sociedad debe considerar una propuesta para cambiar la mentalidad de los jóvenes y saber gestionar la concienciación”, ya que se trata de “una cuestión de madurez social y de educación”, concluye. “Estamos cerrando el año sin que haya ninguna víctima mortal en la capital cordobesa”, destaca. No obstante,  “eso no nos quita la tristeza ni la rabia de que haya habido 44 víctimas mortales en el país”, resalta. Aún así, “valoramos positivamente que haya habido un aumento de denuncias”, lo que significa que las campañas “están dando resultado”.

La jefa de la unidad, afirma que “somos conscientes de que es una violación contra los derechos humanos, ya que es una discriminación por la simple razón de ser mujeres”. Y es que este año ha habido 789 llamadas a 016, de las cuales 516 corresponden por parte de la víctima y el resto por testigos de los hechos. “No podemos ser cómplices y debemos animar a que la víctima denuncie y salga del ámbito privado”, subraya.  “Debemos sembrar actitudes y valores para transladar a la sociedad de que hombres somos iguales”, concluye Aguilar.

 

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