Revés a la participación municipal en la ampliación de Rabanales 21


Pese a la contundencia con que anunció la alcaldesa, Isabel Ambrosio, este verano, finalmente no podrá el Ayuntamiento participar en la ampliación de capital de Rabanales 21 con la cantidad de 134.000 euros en un corto plazo de tiempo, tal y como estaba fijado en la hoja de ruta para reflotar el parque tecnológico y como se habían comprometido los accionistas del mismo. Una consulta realizada en septiembre por la Intervención General del Ayuntamiento a la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, que ha respondido que no, que no puede ser en este ejercicio.

Acceso a Rabanales 21. ampliación
Acceso a Rabanales 21. /Foto: LVC

De esta manera, se desbaratan los planes iniciales de la regidora y el plazo para aportar este dinero se reduce a los dos primeros meses de la próxima anualidad, por lo que los presupuestos municipales tienen que estar aprobados con tiempo suficiente para contemplar esta partida y poder abonarla antes del 1 de marzo para la ampliación de capital de la sociedad.
Aparte de este contratiempo, la pregunta realizada por la Intervención General a este departamento del Ministerio de Hacienda y Función Pública desvela que este órgano fiscalizador carece de información sobre la situación actual de Rabanales 21, así como tampoco se le ha facilitado el plan de viabilidad aprobado en julio y que contempla estas aportaciones de los socios para reflotar el parque tecnológico.
Además, la Intervención General del Ayuntamiento “cuestiona” que el Consistorio decidiera respaldar dicho plan de viabilidad “sin el respaldo de acuerdo alguno de órgano municipal que le faculte para ello”. Esta situación le lleva a preguntarse “por qué al Ayuntamiento le interesa incrementar su participación social en el Parque, estando dicha sociedad en preconcurso de acreedores”.
Por otra parte, ante la falta de información sobre el estado de Rabanales 21, este órgano de control interpreta que la decisión municipal de aportar 134.000 euros a la ampliación de capital “debería estar orientada a la obtención de un beneficio económico con criterios de rentabilidad y de recuperación de la inversión, sin que se pudiera justificar por parte del Ayuntamiento ampliaciones de capital que tienen por objeto justamente lo contrario; es decir, sacar a la sociedad de una situación de insolvencia, evitando la entrada en un posible concurso de acreedores”.

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