Rafael Gómez intenta evitar su ingreso en prisión


La defensa del empresario y ex edil del Ayuntamiento de la capital cordobesa recurre el auto de ejecución de la sentencia que le condena a prisión

Sandokán Gómez
Rafael Gómez, saliendo de la audiencia Provincial

La defensa del empresario y ex edil del Ayuntamiento de la capital cordobesa Rafael Gómez ha presentado recurso contra el auto de ejecución de la sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba que le condena a cinco años y tres meses de prisión, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros, como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones. Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, se ha presentado un recurso contra el citado auto “para que se quede sin efecto la ejecución de la pena”, porque “se presentará en los próximos días el recurso de amparo”, tal y como ya anunciaron, ante el Tribunal Constitucional (TC).
La resolución judicial se notificó a principios de este mes, momento en el que se abría un plazo de unos 20 días para el ingreso voluntario en la cárcel, aunque la defensa ya anunció que pretendía presentar recurso, además de contar con la posibilidad de solicitar el indulto. En este sentido, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba desestimó en julio los recursos presentados por la Fiscalía, la Agencia Estatal Tributaria y Rafael Gómez contra la citada la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3, a la vez que la defensa adelantó que, aunque en el fallo de la Audiencia se indique que contra su resolución “no cabe recurso ordinario alguno”, eso no cierra las puertas a otras opciones. En concreto, la sentencia de la Audiencia cordobesa considera que la pena impuesta a Gómez es “benigna, una de las mínimas que podía recibir”, y eso “a pesar de la escandalosa cuantía de la defraudación”. Además, entiende que lo que cometió el empresario “no era un mero cúmulo de errores”, sino que había un “plan diseñado” para eludir el pago de impuestos.
El tribunal, que desestima en su integridad los recursos interpuestos, señala, en primer lugar, que tiene que “decir alto y claro” que Gómez “no ha sufrido” vulneración de su derecho fundamental a que se tutelen judicialmente sus intereses. También, asegura, respecto a la valoración de las pruebas periciales, que la Sala se ha encontrado con una “ponderación judicial de primera instancia aséptica y desapasionada”, que “no contiene razonamientos absurdos” y que “conduce a un relato fáctico coherente con tan neutral interpretación”.

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