Un juez le tumba al cogobierno los servicios esenciales


La abogada del Estado recurrió en septiembre un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que incumplía los Presupuestos Generales del Estado

Nuevo revés judicial para el cogobierno municipal. Si ayer era anulado por un tribunal el acuerdo plenario que reducía la jornada laboral de los funcionarios municipales de 37,5 a 35 horas semanales, hoy una sentencia del Juzgado número 3 de los Contencioso Administrativo anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se establecen los servicios esenciales o prioritarios; es decir, aquellos en los que el Ayuntamiento puede realizar contrataciones de personal.

Isabel Ambrosio y Juan José Primo Jurado. servicios
Isabel Ambrosio y Juan José Primo Jurado. /Foto. LVC

El acuerdo se adoptó en 12 de febrero del pasado año y el 28 de septiembre fue recurrido por la abogada del Estado al entender que “el Ayuntamiento carece de competencia normativa para adoptar una decisión o disposición de carácter general para interpretar o desarrollar lo dispuesto en una norma con rango de ley estatal”, como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado. También argumentaba en su demanda que “el acto impugnado tiene por objeto facilitar, en fraude de ley, la contratación temporal e interina del Ayuntamiento, en contra de lo ordenado” en los Presupuestos, “que exige que sea excepcional, para atender una necesidad urgente e inaplazable, y que la plaza afecte al funcionamiento del servicio esencial o que se trate de un sector, función o grupo prioritario”.
El juez da la razón uno a uno a los argumentos utilizados por la abogada del Estado en su demanda. Esta decisión judicial tiene una nula utilidad práctica, ya que, como se reconoce en la sentencia, “las contrataciones ya no podrán producirse en el ejercicio finalizado y tendrían que acomodarse a la normativa básica vigente en ese momento”.
El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ha señalado que tras esta sentencia que tumba el acuerdo de la Junta de Gobierno Local “hay que tocar los expedientes uno a uno” para lograr que sean declarados como servicios esenciales. Y la lectura política que hace de todo este asunto es que “es una obstaculización clásica del aparato administrativo”.

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