El Consorcio de Turismo resucita y da un susto al cogobierno


Salvador Fuentes tilda de "verdadera chapuza" el proceso de liquidación del Consorcio y señala que el Consejo Consultivo "nos devuelve a la casilla de salida"

El cogobierno de PSOE e IU tienen tantas ganas de dar por enterrado al Consorcio de Turismo que en el Pleno del pasado martes se aprobó una modificación de crédito para traspasar los 672.000 euros de éste al futuro Instituto Municipal de Turismo (Imtur), como punto y final del duelo. Nadie contaba con que ese mismo día, posiblemente a esa misma hora, el Consejo Consultivo de Andalucía dijera que no, que el Consorcio de Turismo todavía respira y que su muerte no está aún certificada.

Salvador Fuentes. consorcio
Salvador Fuentes. /Foto. LVC

Este informe del Consorcio de Turismo, que supera las 180 páginas, es claro y tajante al afirmar que el acuerdo de la cesión de activos y pasivos de este órgano “no puede ser impuesto unilateralmente” por el Ayuntamiento, y lo que ahora procede es que este mismo punto sea “objeto de deliberación y acuerdo en el seno del Consorcio”, al entender el Consejo Consultivo que este organismo está “igualmente obligado al acatamiento de la legalidad y de los principios constitucionales en materia de función pública”.
El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, ha desvelado hoy este informe y ha señalado que la actuación del cogobierno en este asunto es “una verdadera chapuza”. También ha criticado que se le haya ocultado información al secretario del Pleno, el único que puso objeciones al proceso seguido para la disolución del Consorcio.
En opinión de Fuentes, el Consejo Consultivo “nos devuelve a la casilla de salida y pone el foco en una cosa que tenía que estar disuelta y no lo está”, dándose el caso de la duplicidad de entes gestores del turismo en el Ayuntamiento, como señaló en su día un informe del secretario del Pleno.
A lo largo del informe se argumenta que no se puede dar por liquidado el Consorcio al entender que quedan “negocios pendientes”, por lo que debe ser mantenido activo en “evitación de perjuicios para el interés público y para el interés de las entidades consorciadas que se derivaría del cese de la actividad y ruptura de los vínculos con terceros”.

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