Un nombramiento municipal de alto riesgo


Pedro García, como alcalde en funciones, levanta los reparos de un nombramiento que no convence al secretario del Pleno ni a Intervención

Levantar un reparo municipal siempre es una operación de alto riesgo. Y más lo es cuando hay que argumentar técnicamente frente a informes en contra del secretario del Pleno y de la Intervención General de Fondos nada menos. Esto es lo que ha hecho este viernes el teniente de alcalde Pedro García, como alcalde en funciones en sustitución de Isabel Ambrosio, que ha viajado a Madrid, firmando un decreto que da luz verde a la renovación de la cúpula del Órgano de Gestión Tributaria, una operación largamente anhelada por la delegada de Hacienda, Alba Doblas, también de IU.

Exterior del Ayuntamiento de Córdoba. (riesgo)
Exterior del Ayuntamiento de Córdoba. /Foto: LVC

García se ha agarrado a un informe del Departamento de Personal para firmar este decreto que se ha ratificado poco después por la Junta de Gobierno y al que la propia Doblas ha restado importancia a la hora de informar sobre los asuntos tratados en este órgano. En el trasfondo de este asunto de riesgo hay mucho más, ya que el objetivo desde un primer momento era la renovación del Órgano de Gestión Tributaria para hacer más fluida la relación del mismo con la parte política del Área de Hacienda al sustituir a Antonia Garrido por David Sánchez.
Aunque Alba Doblas albergaba este deseo desde hace tiempo, no es hasta el 13 de diciembre del pasado año cuando pone en marcha la maquinaria administrativa del expediente para materializar el relevo. El primer revés surge el 9 de febrero cuando Intervención afirma que no puede dar el visto bueno a un nombramiento que es poco menos que a dedo. “Únicamente cabría fiscalizar favorablemente la propuesta de nombramiento al funcionario propuesto siempre que se justificase jurídicamente el procedimiento de nombramiento frente a otros posibles, así como que quedase acreditado que en el mismo expediente se cree dentro del órgano un puesto reservado a funcionario con habilitación nacional para las funciones de recaudación”, afirma en su documento el organo fiscalizador de fondos municipales.
Además, Intervención mantiene en su segundo reparo de fecha 10 de marzo que este puesto no es un “alto cargo” sino que al estar incluido en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento “la cobertura del mismo se realizará por los sistemas establecidos en la legislación, básicamente libre designación o el concurso, ambos con el requisito de publicidad y concurrencia”. Curiosamente, estos dos requisitos “han sido obviados en los dos informes que se han incorporado al expediente” tras el primer reparo.
El secretario del Pleno, por su parte, incide en otra cuestión como es la confusión con que la normativa municipal recoge el procedimiento para el nombramiento de estos cargos. Por esto, insta a la Corporación a que “previa la tramitación correspondiente fuesen modificados y adaptados a la normativa vigente los referidos preceptos del Reglamento Orgánico municipal  al vulnerar el artículo artículo 134 apartados 1 y 2, en su relación con el artículo 135 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local”.
 

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