El acuerdo que nunca existió sobre Barquera Norte


Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba, notificada hoy, estima un recurso por el que deja sin efecto el proyecto de reparcelación de Barquera Norte al entender el juez que nunca se adoptó dicho acuerdo después de revisar la extensa documentación aportada por las partes, en la que se encuentran las actas de la Junta de Compensación.

Imagen de una parcelación. / FOTO: LVC
Imagen de una parcelación. / FOTO: LVC

Sobre este aspecto, el magistrado señala en la sentencia con toda claridad que “el examen del voluminoso expediente administrativo permite afirmar que no existe ese acuerdo a lo largo y ancho del mismo, solo resoluciones del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que son necesarias pero insuficientes”. Por tanto, el meollo de la cuestión está en que no existe acuerdo de la asamblea general de la Junta de Compensación de la parcelación Barquera Norte que apruebe el proyecto de reparcelación con el quórum legal que fija el artículo 136 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que es la mitad más uno.
La clave está en las asambleas generales celebradas el 17 de noviembre y el 1 de diciembre de 2013. En la primera de ellas “no existe más que una referencia a los puntos del día sin mayor explicación” y en la segunda tampoco aparece “el sometimiento a votación del proyecto de reparcelación ni la obtención del quórum necesario”. Es más, en ésta última se aborda el asunto, sin votarlo, y de la lectura del asunto en las actas el magistrado concluye que “hacen pensar todo lo contrario a la aprobación por la Junta del mismo”.
Esta situación provocó que en aquel momento alegaran algunos propietarios ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que en febrero de 2015 dictó un acuerdo por el que estimaba algunas y hacía necesario reformar el proyecto de reparcelación. Ante este supuesto, el documento debía haberse sometido de nuevo a una nueva votación y tampoco se hizo. Esta situación es calificada en la sentencia, de la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  de “una omisión manifiesta del procedimiento legalmente establecido que solo puede tener una respuesta, la nulidad de la resolución administrativa impugnada”.

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