Rafael Gómez: "Yo no sé ni lo que es el IRPF"


Ha asegurado por activa y por pasiva que él "no tenía ni idea" de las responsabilidades fiscales de sus sociedades bajo el argumento de que él se dedicaba a sus "cosas"

 
El Ministerio Fiscal pide 44 años de cárcel para “Sandokán” por considerarlo responsable de 11 delitos económicos contra la Hacienda Pública por el impago de cerca de 70 millones de euros pero ni él ni sus cuatro hijos sabían de las obligaciones fiscales del innumerable ‘holding’ de constructoras y negocios familiares de los que eran consejeros
El empresario cordobés Rafael Gómez, ya condenado por cohecho en el conocido como ‘Caso Malaya’ ha llegado hoy a los juzgados cordobeses “tranquilo” y ha salido de igual manera, según ha declarado a la prensa, acompañado de su esposa, que también se ha visto obligada a sentarse en el banquillo. Sin embargo, sobre él pesan, según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, un total de 11 delitos económicos contra la Hacienda Pública por el impago de hasta 70 millones de euros durante al menos seis años de ejercicio empresarial, de 2003 hasta 2009.
“Si yo no sé ni lo que es el IRPF” se ha defendido ante su abogado, ya que no ha querido contestar ni a la Abogacía del Estado ni al Ministerio Fiscal. Ha asegurado por activa y por pasiva que él “no tenía ni idea” de las responsabilidades fiscales de sus sociedades bajo el argumento de que él se dedicaba a sus “cosas” porque “no sé escribir y leo las cuatro cosas de los periódicos”. Su testimonio exculpatorio se ha basado en la defensa de haber estado al margen de la fiscalización de los tributos de sus empresas.
“Yo empecé en los negocios de la joyería con mi mujer y por circunstancias, hicimos grandes proyectos con los que dimos trabajo y mis hijos me apoyaban” ha contestado a preguntas de su abogado, Severino Martínez.
En la misma línea han declarado sus cuatro hijos, trabajadores de los negocios familiares y miembros del consejo de administración de las empresas, reuniones que según han dicho no se producían dedicándose cada uno de ellos a su ámbito de trabajo.
Así, Rafael Gómez, que se dedicaba a la parte de la joyería, ha dicho a preguntas del fiscal que “no había ningún jefe o director, cada uno hacía su trabajo lo mejor posible”. Además, ha confesado que “no hacía falta preguntar por qué firmábamos los documentos porque confiábamos en el contable y el administrativo de la empresa”. Su desconocimiento, a pesar de estar toda la vida trabajando en el sector de la joyería era tal que “no sabía que se tenía que pagar el Impuesto de Sociedades”.
El Ministerio Público ha solicitado para él, como para el resto de sus hermanos, penas que suman 22 años de cárcel por considerarlos partícipes de la comisión de hasta 8 delitos económicos.
Por su parte, Manuel Gómez, responsable de la oficina de ventas la empresa de promoción de viviendas del conglomerado familiar, ha indicado que era su padre quien cerraba los negocios y que él firmaba los documentos que le mandaban del departamento administrativo para autorizar compras de solares pero que “no me leía los papeles”. Idénticas respuestas han sido las dadas por José María Gómez quien ha señalado que su objetivo empresarial era simplemente “llegar a final de mes”.
Esther Gómez, abogada y dedicada a la planificación urbanística de las promotoras de viviendas de Gómez, a pesar de su formación académica ha mantenido la misma línea que sus hermanos, asegurando que no estaba al tanto de los pagos tributarios, que pese a ser consejera no se reunían nunca, ni era consciente de los beneficios anuales de las empresas.
La mujer de Gómez, a pesar de interrumpir la sesión en alguna ocasión se ha sentado en el banquillo como responsable civil de haberse beneficiado de la cantidad supuestamente defraudada, hasta 70 millones de euros según el Ministerio Fiscal, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.
El próximo miércoles será el turno de los testigos, entre ellos, el responsable de la contabilidad y el de la administración del conglomerado con sede en las oficinas de Arenal 2000 de la capital, pruebas que durarán hasta el viernes; el 23 de enero tendrán lugar las declaraciones de los peritos para comenzar las conclusiones de las partes el día 26.
 

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