Menacho: "He sido condenado y ajusticiado por la sociedad"


Además, Cristian Menacho afirma que a él nadie lo ha expulsado de las Juventudes del PSOE y es él el que presenta su dimisión voluntaria

Cristian Menacho protegido por los vecinos. /Foto: LVC
Cristian Menacho protegido por los vecinos. /Foto: LVC

Tras el supuesto ataque de ansiedad que sufrió el hasta el que hasta entonces era secretario de juventudes socialistas de Córdoba Capital, Cristian Menacho, y que impidió su declaración ante el juez, hoy ha regresado a la sede judicial para poder llevar a cabo lo que no llegó a iniciar este martes. Así, desde las 11:00, aproximadamente, un grupo de vecinos, simpatizantes de Menacho, han estado esperando la llegada del investigado pronunciando diversos insultos a los medios de comunicación: “ojalá os quedéis sin batería”, “sois unos manipuladores”, “sinverguenzas”. Y ha sido poco para lo que han hecho a la llegada de Cristian. Los vecinos se han cerrado protegiendo al investigado y dando golpes a los periodistas y fotógrafos. Además, también han querido dar sus declaraciones. Según han confirmado “el barrio estaba en la mierda y ellos lo han levantado”. Es más, una de las trabajadoras de mantenimiento de las manzanas ha asegurado que “conmigo se han portado estupendamente, tenía un contrato de seis meses con la Fundación Guadalquivir, me han pagado, he estado mis ocho horas. Lo que ha pasado es que iban a entrar 40 personas a trabajar y no han entrado ninguna”.
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Cristian Menacho ofrece declaraciones a la prensa. /Foto: LVC

Con todo, tras la declaración, que ha durado unas dos horas, Menacho ha afirmado que “después de las informaciones vertidas en los medios de comunicación, filtradas y manipuladas por el Partido Popular,  auncio mi cese voluntario como secretario de las juventudes socialistas”. Según Cristian, “la ejecutiva regional y provincial ha creado una mala información anunciando que me han echado, ellos se han agarrado a que no soy militante y que según los estatutos debo serlo para regentar este cargo”. Además, ha añadido, esto lo sabían ellos desde hace más de un año y he podido seguir ejerciendo el cargo”. Así mismo, ha declarado que “he sido ajusticiado y condenado por la sociedad”.
De la misma forma, Menacho ha acusado a la prensa de “presión y acoso”, lo que derivó en el estado de ansiedad de este martes, “yo no estoy acostumbrado a esto”. El investigado insiste en que “estuve aquí con la cabeza bien alta para declarar, para gritar mi verdad”. Eso sí, sobre el caso por el que está investigado no ha dado ninguna declaración.
Grupo de vecinos esperan la llegada de Menacho. /Foto: LVC
Grupo de vecinos esperan la llegada de Menacho. /Foto: LVC

La declaración está enmarcada dentro de las diligencias previas que se están llevando a cabo sobre el caso de las mordidas en contratos a desempleados del programa de inserción de personas sin trabajo, Emple@, de la Junta de Andalucía, y que benefició a tres asociaciones cordobesas, entre ellas la presidida por el propio Menacho: Jóvenes hacia el futuro. El mismo también era el responsable de la fundación Guadalquivir Futuro y de la asociación de vecinos Nuevo Guadalquivir. Las tres, entidades investigadas.

Cristian Menacho llega al juzgado acompañado de su madre. /Foto:LVC
Cristian Menacho llega al juzgado acompañado de su madre. /Foto:LVC

En concreto, el joven está investigado por la denuncia de dos trabajadores de la convocatoria del Emple@ del 2014. En la misma, según declararon ante el juez, los denunciantes se vieron obligados a pagar una mordida de 500 euros si querían ocupar el puesto de trabajo financiado mediante ayudas por el Gobierno de la comunidad.
De hecho, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, informó que ha finalizado la investigación de la ayudas concedida a la fundación Guadalquivir Futuro y sobre la que recaía la sospecha de que los desempleados que se beneficiaban de los contratos debían devolver una cantidad de sus salarios que podía llegar al 20 por ciento. La conclusión que obtuvo la Junta es que “ha habido fraude” y que, por lo tanto, deben devolver a las arcas autonómicas la cantidad de 300.000 euros, que es cifra obtenida por la fundación en ayudas en los últimos años. Además, también se impone una multa de 46.000 euros así como la prohibición de recibir ayudas públicas en el plazo de cinco años.