El laberinto de los laborales


David Luque, recién llegado a la Concejalía de Recursos Humanos, es quien debe pilotar el proceso de regularización contemplado en dos informes

La irrupción esta semana se un segundo informe que calificaba de “ilegal” la situación en el Ayuntamiento de aquellos trabajadores laborales que realizan cometidos reservados a los funcionarios ha convulsionado la actividad política en el Ayuntamiento dada la gravedad de las consecuencias que la regularización podría acarrear. En síntesis, tanto este informe del titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, Alberto Alcántara, como el del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, -éste último circunscrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)- vienen a poner el dedo en la llaga de una situación que nacida de forma puntual se ha extendido en las últimas décadas no sólo por el Ayuntamiento sino también por sus organismo autónomos.

Exterior del Ayuntamiento del Córdoba. (laborales)
Exterior del Ayuntamiento del Córdoba. /Foto: LVC

A pocos ha sorprendido que estos informes hablen de una situación conocida por todos. La novedad está en que ahora el caso da un giro y ambos funcionarios urgen a la búsqueda de una solución. Así lo entiende la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien señala que lo que ha habido hasta ahora es una divergencia en la interpretación de la ley que regula las responsabilidades de los funcionarios y de los trabajadores laborales, pero en vez de aferrarse a la lectura que se hacía hasta ahora el gobierno municipal anuncia a las pocas horas de conocerse el segundo informe que se ha creado una comisión en la que se “estudiará caso por caso”.
A quien le ha caído sobre sus hombros la responsabilidad de regularizar esta situación es al concejal de Recursos Humanos, David Luque, quien asumía este cargo hace pocas fechas y esta misma semana afirmaba que este asunto figuraba entre las prioridades para este mandato para buscar una salida al laberinto creado en las últimas décadas. La gravedad de este asunto no radica sólo en el cumplimiento de los preceptos legales sino también en que esta situación genera un hondo malestar entre funcionarios y trabajadores laborales, tanto por cuestiones de competencia como por diferencias salariales, donde el caso más acentuado es el que se da en la Gerencia de Urbanismo.
Una vez que estos informes han sido conocidos en el último mes la pregunta que salta a la palestra es la de cuántos laborales hay en el Ayuntamiento y en sus organismos autónomos. La cifra es difícil de determinar con exactitud, ya que el proceso de regularización no afecta a todos los laborales por igual. El informe de Alcántara no deja claro al afirmar que se verán afectados aquellos “puestos de trabajo cuyos cometidos exterioricen una actividad de la Administración que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionaria”. Por este motivo, en el mismo documento se afirma que el primer paso que hay que dar es el de revisar tanto la plantilla como la relación de puestos de trabajo para determinar con exactitud cuántas plazas hay que regularizar, que es, precisamente, uno de los cometidos de la comisión creada por el gobierno municipal y en la que además de técnicos del Área de Recursos Humanos estarán presentes los secretarios delegados de todos los órganos autónomos del Ayuntamiento. Un dato: en la Gerencia de Urbanismo hay 129 trabajadores de los que un centenar son laborales y el resto, funcionarios.
¿Cómo han reaccionado hasta el momento los distintos grupos políticos? Por una parte, desde el cogobierno municipal es el PSOE el que hasta el momento ha asumido en solitario la responsabilidad de dar la cara en este asunto, mientras Izquierda Unida guarda un silencio que conforme pasa el tiempo se convierte en un asentimiento tácito. El portavoz de IU, Pedro García, es el presidente de la Gerencia de Urbanismo, donde el secretario del Pleno destapó el asunto a primeros de mes y su reacción fue muy distinta a la de Ambrosio negando la situación de irregularidad y defendiendo la legalidad de todos los expedientes tramitados en este organismo.
Ganemos tampoco se ha pronunciado y quien más lo ha hecho ha sido el grupo de Ciudadanos, cuyo portavoz, David Dorado, ha repetido más de una vez que en los consejos rectores de la GMU le miraban “como si fuera un extraterrestre” cada vez que preguntaba por este hecho. Ante la imposibilidad de conseguir una respuesta en Urbanismo pidió las firmas de los concejales del PP y de UCOR para poder solicitar el informe del secretario del Pleno en el que se afirma reiteradas veces que “debiera considerarse urgente, inaplazable, prioritario e inexcusable” que desde el Ayuntamiento se proceda a la convocatoria de plazas de funcionarios, en situación de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, para cubrir las vacantes existentes en la GMU y que han dado lugar a esta situación. A la vista de este respaldo, el PP y UCOR también respaldan esta lucha emprendida por Ciudadanos.
Aunque falta por determinar el cómo, el cuántos y el cuándo, el camino marcado tanto por Lavela como por Alcántara no es otro que la regularización de estas plazas, lo que conlleva la convocatoria de las plazas de funcionarios que se determinen. Este punto ha sido utilizado en los últimos días por el grupo socialista desde una óptica política para desviar la atención y señalar que la cobertura de estas vacantes no se puede realizar por culpa de la tasa de reposición del diez por ciento, de la que culpan al ministro Cristóbal Montoro cuando está efectiva desde el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Lógicamente, este discurso también tiene que ser revisado.

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