Un auto prohíbe cautelarmente al Ayuntamiento contratar personal


La Abogacía del Estado recurrió un acuerdo de la Junta de Gobierno "para evitar el aumento del gasto público en contrataciones"

El Ayuntamiento de Córdoba no podrá contratar personal. Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba suspende cautelarmente un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de febrero de 2016 en el que se establecía una relación de servicios que se consideran esenciales o prioritarios. La medida tenía la finalidad de hacer contrataciones temporales de personal, algo actualmente vedado por la Ley de Racionalización del Gasto.

Fachada del Ayuntamiento. (auto)
Fachada del Ayuntamiento. /Foto: LVC

Este acuerdo municipal fue recurrido por la Abogacía del Estado, que solicitaba su suspensión cautelar “por entenderla necesaria para evitar el aumento del gasto público con contrataciones de personal temporal que no sean estrictamente imprescindibles, superando de este modo los límites de déficit público impuestos por la ley española y, sobre todo, por la Unión Europea”. Desde el Ayuntamiento se defendió que los fines del recurso no se habían vulnerado, puesto que “el recurso impugnado ha desplegado su eficacia hasta la fecha para posibilitar una contratación de personal muy restringida, y que le quedan apenas dos meses de vigencia”, añadiendo que una suspensión cautelar de esta medida “produciría grave perturbación del interés público, al impedir la contratación de un personal necesario para el funcionamiento de los servicios municipales”. Sobre el plazo de vigencia de dos meses para realizar contrataciones, el auto judicial es bastante claro: “De no accederse a la suspensión interesada el recurso perdería su finalidad legítima, en cuanto que durante su tramitación podría generarse un gasto público que contribuiría a elevar el déficit, que ya no será recuperable aunque la sentencia sea estimatoria”.
En este caso se genera un conflicto de intereses entre las dos partes litigantes. Sobre esto, el auto afirma que “el interés de la Administración del Estado en la defensa de los principios de estabilidad presupuestaria y contención del gasto adoptados con carácter general para todas las administraciones públicas debe prevalecer sobre el interés también público defendido por la administración local, consistente en el funcionamiento óptimo de sus servicios”.