IU dice que la Junta "castiga" a Córdoba en sus presupuestos


Pedro García señala que “el principal defecto de estos presupuestos es que renuncian a la generación de empleo y que 2017 va a ser un año muy duro”

A Izquierda Unida no le gustan los presupuestos que la Junta de Andalucía ha presentado para 2017. No le ven aspectos positivos y, en su opinión, son unas cuentas que perjudican a la provincia de Córdoba, a la que consideran como “la más castigada de toda la comunidad autónoma”.

Elena Cortés y Pedro García. (IU)
Elena Cortés y Pedro García. /Foto: LVC

Así, el coordinador provincial de IU, Pedro García, ha señalado que “el principal defecto de estos presupuestos es que renuncian a la generación de empleo y que 2017 va a ser un año muy duro”, y en el plano provincial ha explicado que “la Junta ni está ni se le espera” el año próximo en Córdoba. En su opinión, “son unos presupuestos muy de derechas, como lo es la presidenta Susana Díaz y el partido que les apoya”, en alusión directa a Ciudadanos.
Por su parte, la parlamentaria andaluza de IU Elena Cortés hizo un recorrido pormenorizado por los compromisos que el Gobierno andaluz tiene con Córdoba y que carecen de partidas presupuestarias o son insuficientes. De este modo, ha explicado que después de todos los anuncios de que el cercanías o metrotrén estaría en funcionamiento en 2017, en los presupuestos “lo único que parece es que el año que viene se hará el estudio de demanda para declararlo de servicio público, por lo que no es cierto que esté en servicio este año”.
También se ha referido a la anunciada ampliación del Hospital Reina Sofía y ha expuesto que “cuando el Gobierno andaluz dice en los presupuestos que siguen la senda de la consolidación fiscal nos está diciendo que no tiene dinero para financiar servicios públicos”, como es este caso. Y sobre la Ciudad de la Justicia, de la que hay anunciada una partida de nueve millones, ha explicado que “eso es falso, porque la obra la hace una empresa privada, va a costar 50 millones y la Junta va a devolver 250 millones, lo que es corrupción política legalizada”.
Otro asunto pendiente desde hace año con un colectivo numeroso de personas es el de la instalación de ascensores, para el que el año pasado se firmó una enmienda de 18 millones de euros que no se ejecutó finalmente y este año tampoco aparece partida alguna.

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