Crece la presión para que Guadalquivir Futuro devuelva las subvenciones


Tras la exigencia de la Junta de Andalucía, varios grupos municipales exigen a estas entidades, también, la devolución de los 18.000 euros percibidos en concepto de subvenciones municipales

Desde que se conociera por parte del consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, la obligación por parte de las entidades Guadalquivir Futuro y las asociaciones Jóvenes para el Futuro y Nuevo Guadalquivir de devolver más de 300.000 euros de subvenciones percibidas, además de pagar una multa que ascendería hasta los 46.000 euros, distintas fuerzas políticas de Córdoba han exigido, también, la retirada de las subvenciones que han partido del Ayuntamiento de la ciudad y que llegan hasta los 18.000 euros. Concretamente, han sido el grupo municipal de Ganemos Córdoba y Unión Cordobesa (UCOR).

Sede Guadalquivir Futuro subvenciones
Sede de la organización Guadalquivir Futuro. /Foto: LVC

De esta forma, la concejala de Ganemos Victoria López ha insistido en que “se les debe retirar de manera inmediata estas subvenciones y permitir que no accedan nuevamente a dinero público”. Así mismo, ha añadido que “la dirección provincial del PSOE en Córdoba debe dar explicaciones de lo ocurrido, ya que parte de las personas implicadas pertenecen al partido, con cargos orgánicos, incluso algunas de ellas fueron en las listas del PSOE en las elecciones municipales”. De la misma forma, el portavoz del grupo mixto Unión Cordobesa, Rafael Serrano, ha insistido al delegado de Servicios Sociales del Consistorio, Rafael del Castillo, que actúe para “anular definitivamente estas ayudas y en caso de que a dichas entidades se les hayan concedido ayudas en años anteriores o desde otras delegaciones, como Participación Ciudadana, se proceda a abrir una investigación municipal para el reintegro de las cantidades que no estén correctamente justificadas”.
Por su parte, Rafael del Castillo, ha respondido que “solicitarán a la Junta de Andalucía que les ofrezca la resolución por escrito, porque, parece ser, que hay un plazo de tres meses, para que las entidades afectadas presenten alegaciones”. A esto ha añadido, que “cuando ocurra y haya una resolución firme ya analizarán con sus gestores jurídicos cómo actuar”.
 
 
 

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