Según el PP, la Junta adeuda 4,21 millones de euros en Bienestar Social

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María Jesús Botella critica que "los impagos de la Junta en materia de Bienestar Social en la provincia de Córdoba están poniendo en peligro a las pequeñas empresas que prestan ayuda a domicilio"

La vicepresidenta del Partido Popular de Córdoba, María Jesús Botella, ha afirmado que “los impagos de la Junta de Andalucía en el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) están poniendo en peligro la viabilidad de las pequeñas empresas y cooperativas que prestan la ayuda a domicilio en la provincia de Córdoba”. El Gobierno Andaluz transfiere al IPBS cada dos meses la cuantía correspondiente a la Ley de Dependencia en la provincia de Córdoba. Sin embargo, “el último pago que la administración autonómica realizó fue el correspondiente al periodo de mayo y junio”, se ha lamentado Botella. En consecuencia, ha añadido que “en total la Junta adeuda el pago correspondiente a los meses de julio y agosto, lo que supone una cuantía de 4,21 millones de euros”.

María Jesús Botella. Social
María Jesús Botella. /Foto: LVC

Además, la vicepresidenta del PP de Córdoba ha asegurado que “ni la Diputación ni los ayuntamientos saben cuánto y cuándo abonará la Junta de Andalucía el dinero correspondiente a la Ley de Dependencia, ya que aún no ha firmado la resolución correspondiente al segundo semestre de 2016”. Esta situación está llevando a muchos ayuntamiento de la provincia, en concreto a los menores de 20.000, que son los que reciben la transferencia del IPBS, al “impago de pequeñas empresas y cooperativas que ofrecen el servicio de la ayuda a domicilio en cumplimiento de la Ley”. El número de consistorios afectados en esta provincia “asciende hasta 67, de los 72 existentes”, ha añadido Botella.
Por este motivo, antes de la firma del próximo convenio entre el Gobierno Andaluz y la Diputación, el grupo provincial del PP va a presentar una Proposición en la que se establezca “el compromiso firme de cuantía y fecha de pago”. Consecuencia clara de este problema, ha insistido Botella, es que “muchas personas están a la espera de este servicio y muchos trabajadores, sobre todo mujeres en el medio rural, están siendo impagados a causa del retraso de la Junta”.
Por otro lado, el Partido Popular también ha cuestionado la atención del Gobierno de la comunidad a las personas que solicitan ser valoradas para obtener prestación por Dependencia. Según Botella, “se incumple el Decreto de 12 de junio de 2007, que establece en un plazo máximo de tres meses el periodo de valoración de los expedientes presentados y la realidad es que esperan mucho más de tres meses e incluso muchos reciben la callada por respuesta”.

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