Los dos funcionarios de Baena que estafaron a las arcas municipales solo han sido condenados a 1 año de cárcel


La sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto una sanción de poco más de 10.000 euros a pesar de que ellos reconocieron haber estafado y falsificado documentos públicos

Nueve años después de la denuncia de una funcionaria del Ayuntamiento de Baena a otros dos trabajadores de dicha administración, el secretario del alcalde de entonces -Luis Moreno (PSOE)- y otro funcionario del catastro la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un año de prisión a los dos primeros y a ocho meses de cárcel a un empresario de la localidad, acusados de tramar “un plan para enriquecerse de manera ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento”, según dice la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico.

Concretamente, el auto judicial condena a un año de cárcel un funcionario administrativo, y al que fuera secretario del ex alcalde de Baena  un delito de estafa y otro de falsificación de documento mercantil, mientras que al empresario con el que cooperaron para desarrollar la “trama” ha sido condenado a 8 meses de prisión por un delito continuado de falsificación de documento mercantil y como cooperador necesario de un delito continuado de estafa.
En todas las penas ha pesado la atenuante de confesión del hecho y dilación indebida, aunque la sentencia obliga a los condenados al pago de una indemnización solidaria de 10.061,70 euros al Ayuntamiento de Baena, una institución a la que el texto considera probado que se estafó de manera continuada entre los años 2005 y 2007.
La trama, según la sentencia, parte de los dos funcionarios, que ofrecieron “un trato de favor” al empresario para llevar a cabo obras menores con cargo al Ayuntamiento, en las que utilizaba “facturas artificiales” por las cantidades que le indicaban los trabajadores municipales, “por trabajos que no iba a realizar y por cantidades de materiales que no iba a usar”.
De este modo, esta “trama” obtuvo “de manera ilegal” la cantidad de “24.549 uros”, aunque ello no incluye “las cantidades de materiales no utilizados en la realidad”.
El juicio se iba a celebrar con un jurado popular, pero tras el pacto inicial entre las tres defensas y la Fiscalía y la confesión de los acusados, se determinó que no era necesario. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y además, hay que tener en cuenta que si los imputados carecen de antecedentes penales al ser una condena de cárcel inferior a dos años podría no ir a prisión.