El Ayuntamiento deja caducar el expediente de liquidación del Consorcio de Turismo


A pesar de repetir Ambrosio que el expediente no tenía plazo, nadie cuestiona ya su caducidad; falta saber las consecuencias que este hecho tendrá para el ente y para los trabajadores.

El culebrón del Consorcio de Turismo lejos de terminar sigue engordando. A las disputas veraniegas entre delegaciones, Recursos Humanos y Turismo, sobre las condiciones en las que los trabajadores llegarían al Ayuntamiento, hay que sumar la caducidad el pasado 31 de agosto del expediente, según un informe del secretario Valeriano Lavela, a pesar de repetir hasta la saciedad la alcaldesa Isabel Ambrosio cuando se le preguntaba por este asunto, que no había plazo.
Mientras estas cosas pasan en Capitulares, la ciudad sigue “al pairo” sin nadie que marque el rumbo en materia turística, porque eso sí, la única decisión que se ha tomado en este tiempo ha sido la de cesar al gerente del Consorcio el 30 de junio, para además dejar a los trabajadores sin coordinación ni liderazgo. Gracias a que son buenos profesionales las cosas no nos van peor y por ejemplo, los puntos de información turística, que dependen del Consorcio, se siguen gestionando.

Fachada principal del Ayuntamiento./ Foto: LVC
Fachada principal del Ayuntamiento./ Foto: LVC

Ahora falta saber qué va a pasar. ¿Implica la caducidad la disolución automática por silencio administrativo? o de no ser así ¿volverá el ayuntamiento a iniciar el expediente de liquidación?. Cualquiera de las dos opciones es mala ya que en el primer caso nada se sabe de los términos en los que la liquidación se ha hecho efectiva y en el segundo, se volvería a retrasar sine die la liquidación manteniéndolo como hasta el momento, sin poder desarrollar su potencial y trabajando a medio gas, sólo en las actividades ordinarias que es lo que le permite la ley.
Y todo bajo la atenta mirada de la Cámara de Cuentas, que esta a punto de emitir un informe sobre la situación de los Consorcios en Andalucía y sobre si han cumplido o no el mandato de disolución derivado del cumplimiento de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las Administraciones Públicas. No sabemos qué dirá del resto de Consorcios, pero a buen seguro que el Ayuntamiento de Córdoba no saldrá en este informe bien parado.
 
 

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