Los bomberos del Consorcio piden ser como los del Ayuntamiento


La Junta de Personal pone de manifiesto "la disparidad de criterios jurídicos" que les impide acceder a una reivindicación acordada hace casi dos años

Los bomberos del Consorcio Provincial, dependientes de la Diputación, se sienten agraviados después de que el Ayuntamiento haya decidido hace unos días recalificar 135 plazas de bombero de C2 a C1 en la Oferta Pública de Empleo de 2018 para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Precisamente ésta es la reivindicación que mantienen los bomberos provinciales frente a un Consorcio que sistemáticamente les argumente que es imposible satisfacer esta medida que ya fue acordada entre las partes en febrero de 2017.

Protesta de los bomberos del Consorcio de la Diputación.
Protesta de los bomberos del Consorcio de la Diputación. /Foto: JC

Con esta situación, la Junta de Personal del Consorcio, con el respaldo de todas las secciones sindicales, ha puesto de manifiesto “la disparidad de criterios jurídicos existente entre los informes jurídicos emitidos por Intervención de Diputación, el secretario de la Diputación y por la Asesoría Jurídica de Diputación y la respuesta emitida por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública al Ayuntamiento de Córdoba sobre la pretendida promoción interna en el SEIS”.
Este colectivo entiende que “resulta cuanto menos preocupante el urgente informe emitido en la misma mañana del último Pleno de diciembre, desde Secretaría de Diputación, afirmando que se tienen que reservar plazas a turno libre de las que se quieren ofertar por promoción interna en el Consorcio, cuando, por el contrario, afirma en su respuesta el Ministerio que ‘en la normativa no se regula expresamente una limitación respecto a cuántas plazas han de convocarse por promoción interna y cuántas  por el turno libre respecto de un determinado Cuerpo o Escala’, para a continuación afirmar el Ministerio que el TRLEBEP en su artículo 75 ‘prevé  que los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades y otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo”.
Los bomberos de la Diputación señalan que hay “disparidad de criterio jurídico de Secretaría, amén de crear confusión e incerteza en el proceso administrativo propuesto, demuestra, en comparativa, un intolerable desconocimiento legislativo que perjudica seriamente los intereses de los administrados, con un trasfondo preocupante”.
La Junta de Personal del Consorcio también señala al interventor de la Diputación por calificar en su informe “como reclasificación encubierta a pesar de los tres informes jurídicos aportados por las secciones sindicales de UGT, CCOO y CSI-F donde se concretaban la actual asunción de nuevas responsabilidades laborales por los efectivos del Consorcio”. Por contra, en la respuesta del Ministerio, cuando afirma que “parecería conveniente la modificación que se anuncia en el escrito de la relación de puestos de trabajo de ese Ayuntamiento al objeto de ampliar las funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo de Bombero-conductor C1”, salva “con absoluta naturalidad el posible escollo administrativo que se pudiera plantear al respecto, sin llegar a cuestionar la realidad laboral pretendida y demostrando una viabilidad procedimental absolutamente opuesta a la aportada por el Interventor de Diputación,  de nuevo con un trasfondo  preocupante”.
Por si fuera poco, afirma que “más preocupante, si cabe, resulta la afirmación que realiza la propia vicepresidenta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la reciente publicada posterior consulta que le eleva para aplicar lo acordado en Mesa General de Negociación en referencia a la pretendida promoción interna, indicando sorprendentemente que lo que proponen los representantes sindicales  “es una reclasificación universal”,  viciando con ello la realidad del acuerdo adoptado en Mesa y pretendiendo, de forma tendenciosa, desvirtuar la respuesta solicitada, siendo infiel con su propio acuerdo donde se desarrolla la promoción acordada y, de forma insólita, prejuzgando y dando a entender la existencia de una supuesta estafa administrativa en el acuerdo que ella misma preside y firma” lo que califican como “toda una muestra de intenciones y contradicciones que ahonda en este denunciado trasfondo preocupante”.   
Por último, la Junta de Personal del Consorcio de Bomberos hace hincapié en “cómo la respuesta del Ministerio se centra en resaltar de acertada y determinante la realidad de que en esa promoción pretendida, quién no supere ese proceso selectivo, que anula por tanto la posibilidad de una reclasificación, quedará ubicado en la plaza de C2, idéntico planteamiento administrativo que se detalló y reflejó en el acuerdo de Mesa General de Negociación por el que se aprobó la incumplida promoción interna”.  
Así, “todo ello nos hace entender desde la Junta de Personal que ha existido una suma de voluntades en pro de no dar cumplimiento a la acordada promoción interna en el Consorcio de Bomberos, voluntades que se han topado con la contraria realidad administrativa, jurídica y plenaria que apunta a la viabilidad y legitimidad de dicho acuerdo”. Esta realidad, añaden, “se verá plasmada en el anunciado próximo acuerdo plenario, ahora sí, materializado en una proposición que asumirá el contenido necesario para implantar esta promoción en este mandato, resaltando especialmente la palpable hostilidad demostrada por el actual equipo de gobierno para aplicar esa promoción”.

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