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ASAJA hace un llamamiento a la movilización contra sucesiones, un impuesto “confiscatorio”

Pide a todos que se sumen mañana jueves a la concentración a las 11,00 horas ante la Delegación del Gobierno, calle San Felipe, para protestar contra "el abuso" del impuesto de sucesiones

Publicado por La Voz el 13/9/2017 a las 7:43

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha informado de que el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato; el presidente de la Federación Andaluza de Trabajadores Autónomos (ATA), Rafael Amor; el presidente de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y el secretario general de Asaja Andalucía, Cristóbal Cantos, entre otros, se sumarán el jueves a la concentración organizada por Asaja Córdoba a las 11,00 horas ante la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, calle San Felipe, para protestar contra “el abuso” del Impuesto de Sucesiones en Andalucía y pedir su eliminación total.

En una nota, el presidente de Asaja Córdoba ha explicado que el objetivo de esta protesta, que contará, además, con una representación teatral para “llamar la atención de los viandantes”, es “acabar con la situación de que los andaluces sigan teniendo que hacer frente a este injusto y confiscatorio tributo”.

De este modo, Asaja protestará para que “los andaluces dejen de ser ciudadanos de segunda clase con respecto a otras comunidades autónomas, porque este impuesto es un abuso que parece que obliga a quien hereda a comprar una parte de su herencia y es desalmado porque no tiene en cuenta la situación económica del heredero que puede verse atado de por vida a una hipoteca para poder pagar”.

La organización agraria añade que “este impuesto ha sido dramático en la crisis donde no era posible vender nada para cumplir con esa obligación fiscal y es confiscatorio cuando obliga a tanta gente a renunciar a la herencia”. Asimismo, resulta “injusto con la empresa familiar porque descapitaliza la bien gestionada frente a la mal gestionada y puede provocar la fuga de empresas hacia regiones donde no se paga, por lo que eso es competencia desleal”.

De igual modo, Asaja Córdoba considera que “es anticonstitucional, porque crea y fomenta desigualdad entre regiones, es decir entre españoles, y nunca habrá igualdad, porque los gobiernos que lo necesitan no lo pueden bajar y los demás no lo pueden subir por miedo a su efecto electoral”.

LLAMAMIENTO

Por ello, Asaja Córdoba hace un llamamiento a todos los titulares de explotaciones agrarias, ganaderas, cinegéticas y forestales, así como a todas las personas afectadas por esta acción “confiscatoria” de la Junta de Andalucía, que son la gran mayoría de los andaluces, para protestar contra la actitud “tremendamente abusiva y discriminatoria” de la presidenta del Ejecutivo regional, Susana Díaz, para quienes residen en esta comunidad autónoma.

La organización agraria pide que se sumen cuantas más personas mejor a esta concentración para mostrar su posición en contra de que “la administración autonómica continúe imputando una riqueza irreal o inexistente a los andaluces por la que injustamente tienen que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica y estableciendo estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad”.

Así, Fernández de Mesa ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas y la actividad económica”.

Esto es una reivindicación histórica de la organización agraria, que reconoce que es cierto que “la Junta ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, pero lamentablemente este impuesto sigue siendo el impuesto de la demagogia y la injusticia”, porque “deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz”, a la vez que “deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español”.


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